yer en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) se llevó a cabo el sorteo del mes que servirá de base para definir a los funcionarios de casilla.
De dicho sorteo resultó que sea el mes de febrero el que se utilice. La ley establece que el Consejo General deberá sortear un mes del calendario, que junto con el siguiente, sirva de base para sortear a los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla el próximo primero de julio.
Eso quiere decir que con dicho mes en las juntas distritales se insaculará a 13 por ciento de quienes integran la lista nominal de cada sección electoral para invitarlos a participar y posteriormente a capacitarlos.
Este sorteo, elección tras elección, se repite. Pero, a pesar de ello, no debemos asumirlo como un procedimiento meramente burocrático o de trámite, ya que representa un momento clave en la construcción de la cadena de confianza que supone la organización de todo un proceso electoral: la definición de quienes recibirán y contarán los votos.
No es cosa menor que a tan sólo cinco meses de la jornada electoral más grande de nuestra historia, nadie pueda saber quiénes serán los ciudadanos que contarán los votos el día de la jornada electoral. Ello tiene un propósito. No es ni una casualidad ni una omisión de los legisladores. Se trata de que nadie sepa con anticipación quiénes cumplirán esa función y, en consecuencia, los puedan someter a presiones o intromisiones indebidas de actores políticos, económicos o sociales.
Esta forma de seleccionar y designar a quienes recibirán y contarán los votos, no ocurre en otros países. En otras naciones, en las que el sistema electoral no se basa en la desconfianza, se sabe con mucha antelación quiénes son los funcionarios que estarán en las casillas y en no pocos casos las personas que cumplen ese rol son funcionarios gubernamentales y casi siempre son los mismos, ya que es una actuación que se repite periódicamente.
Sin embargo, en México esto no es así. No lo es por una razón profunda: la necesidad de inocular la confianza en las elecciones. De ahí que en cada proceso electoral se insacule y capacite a millones de ciudadanos para que cuenten los votos en una sola ocasión. Esta renovación del ciclo de selección y capacitación constituye uno de los eslabones centrales de la cadena de confianza mencionada. Esto explica que en 2018 serán insaculados 11.5 millones de ciudadanos y ciudadanas que serán visitados en sus domicilios por el INE y que, de entre ellos, al final surgirán los 1.4 millones de funcionarios y funcionarios de casilla que recibirán y contarán los votos el primero de julio próximo.
Debe señalarse que esas visitas domiciliarias que el INE debe realizar en un plazo de 50 días constituye (con excepción del Censo General de Población y Vivienda que levanta el Inegi cada 10 años) el operativo de campo más grande a cargo del Estado mexicano.
Se trata de un trabajo que tendrá que remontar la profunda desconfianza que permea entre los ciudadanos frente a todo asunto público. Los capacitadores del INE, para tener éxito, deberán convencer, uno a uno, a ese ejército de ciudadanos que son los primeros responsables de que los votos se cuenten bien y, en consecuencia, los principales garantes de la voluntad ciudadana.
Con el sorteo de ayer comienza la construcción de una de las principales garantías del respeto al voto. En nuestro país no es un eufemismo decir que la democracia es ciudadana. Las elecciones son hechas por ciudadanos para los ciudadanos. Las elecciones no son del INE, tampoco de los partidos, las elecciones son de y para los ciudadanos. Y el que sean un millón 400 mil funcionarios de casilla, que hoy todavía no conocemos, quienes recibirán y contarán los sufragios, es el mejor seguro de imparcialidad para que las mexicanas y mexicanos salgamos a votar de manera libre.
Indudablemente el INE es el organizador de las elecciones, pero son los ciudadanos con su voto y cumpliendo su función de funcionarios de casilla los verdaderos protagonistas de la elección que está en curso.
