Puebla, Pue.

Cuatro integrantes del Comité del Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan (Cotic) comparecieron ayer en la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en esta ciudad, en respuesta a una demanda penal interpuesta en su contra por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), informó Samuel Porras Rugerio, abogado de los inculpados.

Aunque no se informó sobre la causa penal, trascendió que la acusación de la CFE es por obstrucción de obras, pues desde hace dos años organizaciones y pobladores de la región han impedido que se instale una subestación eléctrica que forma parte del proyecto Línea de alta tensión entronque Teziutlán 2-Tajín.

La movilización de los pobladores contra ésta y otras obras que empresas nacionales y extranjeras pretenden realizar en la región se basa, afirman, en las políticas, criterios y lineamientos ambientales de ese municipio y en los dictámenes elaborados por su órgano técnico. La subestación, aseguran, afectaría gravemente los ecosistemas y a la gente de ese municipio de la Sierra Norte de Puebla.

El ordenamiento se aprobó en una sesión de cabildo el 15 de octubre de 2010 y fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el 10 de diciembre del mismo año.

Samuel Porras Rugerio, abogado de los inculpados, explicó que sus representados se reservaron el derecho a declarar y señalaron que recibieron trato respetuoso. En el citatorio no se indica la causa de la indagatoria, pero se solicitó el expediente, que será analizado para darle respuesta.

Los comparecientes fueron identificados como Rufina Edith Villa, de la organización Maseualsiuamej Mosenyolchicahuanij, Álvaro Aguilar Ayón, asesor de la Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske; Nazario Diego Téllez, representante del Grupo Altepetajpianij, de la Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske, y Luis Enrique Fernández Lomelín, investigador y vecino de Cuetzalan, todos integrantes del Cotic.

Durante las dos horas y media que los citados estuvieron en la dependencia federal, indígenas de Cuetzalan y representantes de organizaciones civiles de esa región y de la ciudad de Puebla se manifestaron fuera de las instalaciones de la PGR.

Los manifestantes explicaron que la pretendida subestación de la CFE no sólo es violatoria del plan de ordenamiento territorial integral de Cuetzalan, sino que implica el tendido de una línea de abastecimiento que pasaría por lugares sumamente sensibles, como escuelas.

Agregaron que el generador no es necesario para la región, pues el abastecimiento está prácticamente cubierto y los estudios sobre la ubicación de proyectos mineros e hidroeléctricas que empresas transnacionales y algunas locales buscan imponer en la región, les hacen suponer que la subestación suministraría fluido eléctrico a esos negocios, letales para el medio ambiente y las personas.