Maclovio Murillo Chávez, actual asesor jurídico del gobierno de Chihuahua –señalado como parte del grupo de colaboradores del gobernador Javier Corral Jurado que ha presionado a ex funcionarios de esa entidad para que declaren contra el ex mandatario César Duarte Jázquez y el priísta Manlio Fabio Beltrones Rivera–, no fue ratificado como juez federal por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ni por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por no contar con la solvencia necesaria para desempeñar su labor y por no respetar los principios de excelencia, profesionalismo, objetividad, imparcialidad e independencia.

Como juez federal adscrito al estado de Guerrero, Murillo Chávez dictó sentencia condenatoria contra los ecologistas Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García, desestimando las evidencias que demostraban la inocencia de ambos.

Los campesinos se organizaron para detener la tala de bosques en Petatlán y Coyuca de Catalán, y en febrero de 1998 fundaron la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán (OCESP) para defender los bosques de la empresa estadunidense Brise Cascade.

En ese caso, tanto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) como los defensores de ambos campesinos demostraron que en mayo de 1999 habían sido detenidos por militares e incomunicados durante cinco días.

En ese lapso fueron torturados para que se declararan culpables de los delitos de portación de armas, cosechar mariguana y tener vínculos con grupos armados. El entonces juez quinto validó los argumentos del Ministerio Público.

Murillo Chávez sentenció a los campesinos ecologistas con penas que iban de ocho a 10 años de cárcel, a pesar de que se violó el debido proceso.

Ante las violaciones a los derechos humanos, el caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2010 dictó sentencia en favor de los inculpados.

Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera fueron puestos en libertad por indulto decretado por el entonces presidente Vicente Fox, en noviembre de 2001.

Otro caso en el que participó como litigante el actual asesor jurídico del gobierno de Chihuahua, fue cuando defendió a los tres jueces que liberaron al homicida de Rubí Marisol Freyre Escobedo, hija de la activista Marisela Escobedo, quien fue asesinada el 16 de diciembre de 2010 frente al Palacio de Justicia de Chihuahua cuando encabezaba una manifestación en la que exigía justicia.

Maclovio Murillo Chávez representó a los jueces Catalina Ochoa Contreras, Rafael Boudid Jurado y Netzahualcóyotl Zúñiga Vázquez, luego de que fueron suspendidos por el Tribunal Superior de Justicia.

El pasado 26 de enero, en denuncias presentadas ante la Procuraduría General de la República (PGR) por Antonio Enrique Tarín García y Gerardo Villegas Madriles, ex funcionarios de Chihuahua acusados de ser presuntos partícipes en desvíos de recursos públicos por más de 200 millones de pesos, refieren que Jaime Herrera Corral, ex secretario de Hacienda de esa entidad durante el mandato de César Duarte, no ha sido acusado de ningún delito por la protección que le otorga directamente Maclovio Murillo Chávez por conducto del abogado Carlos Emmanuel Aguirre, con el consentimiento del gobernador Javier Corral.

En los antecedentes judiciales existe una sentencia dictada por la SCJN. El 20 de junio de 2005, el pleno del máximo tribunal del país analizó la revisión administrativa promovida por Maclovio Murillo contra la decisión de no ratificarlo en el cargo de juez de distrito, y con base en el proyecto presentado por la ministra Margarita Luna Ramos se cancelaron sus funciones en el Poder Judicial de la Federación, luego de analizar el cúmulo de irregularidades detectadas durante su gestión al frente de los juzgados tercero de distrito con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua, y quinto de distrito en Iguala, Guerrero.

La sentencia dictada por la SCJN –de la cual posee copia La Jornada– señala que durante su desempeño, Murillo Chávez negó amparos de manera indebida, negó órdenes de aprehensión de manera indebida y también libró mandamientos de aprehensión que estaban indebidamente fundados, y en tres casos de delitos contra la salud dictó sentencias absolutorias con base en una indebida valoración de las pruebas.

Asimismo, durante su labor como juez en el estado de Chihuahua permitió que Jesús Manuel Alfaro Sánchez, actuando en funciones de titular del órgano a su cargo, negara una orden de cateo solicitada por el Ministerio Público, a pesar de que era procedente, y luego, durante la visita de inspección realizada por la visitadora judicial Avelina Morales Guzmán, se descubrió que Alfaro Sanchez había actuado como defensor particular de los inculpados después de dictado el auto de formal prisión y hasta que presentó sus conclusiones respectivas.

Luego, como titular del juzgado quinto de distrito en el estado de Guerrero, en una causa penal dictó una orden de aprehensión sin analizar que con antelación se había ejercido acción penal por los mismos hechos, igual delito y en contra de la misma persona.

En la página 76 de la sentencia de la SCJN se señala que como administrador de la justicia federal no respetó los principios de excelencia, profesionalismo, objetividad, imparcialidad e independencia y, por tanto, no es apto para continuar desarrollando la función.