La ocupación militar y policiaca de la mina la Media Luna se apoya en una mentira propalada por el gobierno del estado de Guerrero y por la empresa, ya que es falso que hayan sido secuestrados ocho empleados de la empresa canadiense Torex Gold Resources por parte de los trabajadores en paro.

El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana sostuvo lo anterior y planteó que la intervención de las fuerzas armadas se basó en un engaño fraguado por autoridades gubernamentales y directivos de la compañía.

Sostuvo que a los policías estatales sus superiores les hicieron creer que los trabajadores habían secuestrado a esos ocho empleados, pero todo fue un engaño maquinado por autoridades gubernamentales del estado de Guerrero, los directivos de la empresa y los líderes de la CTM con el propósito de justificar la invasión de la mina.

Al respecto, el delegado especial del sindicato en Guerrero, Indalecio Pérez Morones, indicó que no ha habido ni siquiera roces entre las fuerzas del orden y los trabajadores en paro en los plantones en el poblado de Atzcala, cercano a la mina.

Los mineros y los pobladores que los apoyan no se quitaron ni un momento de los puntos donde se llevan a cabo las guardias, mientras continúan los bloqueos en la colonia Valerio Trujano y en las comunidades de La Fundición y Real del Monte, detalló la agrupación.

Todo se fraguó a través de la llamada Coordinación Guerrero, que nadie sabe qué es ni quiénes la integran, y de la CTM local para justificar la invasión a la mina. Agregó que este martes las partes en conflicto sostendrán una reunirán en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en Ciudad de México para buscar una alternativa de solución.

El sindicato que dirige Napoleón Gómez Urrutia aseguró que el gobierno de Guerrero, encabezado por Héctor Astudillo, no es imparcial en este conflicto sino que está al servicio de Torex Gold; el trato de autoridades federales y estatales a los mineros de la Media Luna en paro ha sido en todo momento ilegal y parcializado.

Por eso, exigió que se le cancele de manera inmediata la concesión minera a la empresa canadiense por su evidente violación a las leyes de México, a la libertad de asociación de los trabajadores, estipulada en la Constitución y en el Convenio 87 de la OIT y por su presumible complicidad con los sicarios cetemistas que ya asesinaron a tres trabajadores en los días pasados.

El sindicato exigió además que se otorguen medidas cautelares a favor de Indalecio Pérez Morones y todos los mineros de la Media Luna, que se forme una comisión con representantes de la embajada de Canadá, autoridades mexicanas, así como de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que de inmediato viajen a la mina y vaya también un ombudsman que el gobierno de Canadá anunció hace unos días para tomar medidas y evitar que se cometan abusos por parte de la empresa en contra de los mineros y la gente de las regiones aledañas al sitio donde está ubicada.