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Pactan México, EU y Canadá endurecer medidas contra sobornos y pagos de facilitación

Cierran sólo un capítulo en la sexta ronda de renegociación del TLCAN

Representantes acordaron anexo sobre tecnologías de la información y la comunicación

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Ildefonso Guajardo, secretario mexicano de Economía; Chrystia Freeland, ministra canadiense de Exteriores, y Robert Lighthizer, representante comercial estadunidense, al término de una conferencia de prensa en TorontoFoto Ap
 
Periódico La Jornada
Martes 30 de enero de 2018, p. 19

México, Estados Unidos y Canadá concluyeron ayer en Montreal la sexta ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con el cierre de solamente un capítulo, el de anticorrupción, y un anexo sobre tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Además, acordaron que la siguiente etapa se realizará del 26 de febrero al 6 de marzo en la capital mexicana.

Estamos avanzando de manera muy lenta, se quejó el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, pero destacó que “lo más importante es que comenzamos a conversar sobre temas clave y básicos, como reglas de origen.

Pensamos que se ha logrado cierto progreso, concluimos un capítulo y avanzamos en algunos otros. Estados Unidos considera que el TLCAN es un tratado sumamente importante y estamos comprometidos a avanzar. Guardo la esperanza de que el proceso se acelere pronto. Hemos trabajado arduamente y esperamos poder avanzar bastante desde ahora y hasta el comienzo de la próxima ronda. Vamos a conversar tanto con México como con Canadá de manera urgente y vamos a ir adonde nos lleven estas negociaciones, puntualizó en las declaratorias finales de la sexta ronda, transmitidas por Internet.

Escasos avances

Más de cinco meses después de que se inició la renegociación (16 de agosto de 2017), con 30 mesas de trabajo instaladas y la participación de más de un centenar de funcionarios de los tres países, sólo han sido cerrados tres capítulos –pequeñas y medianas empresas, competencia y ahora el de corrupción–, así como dos anexos: TIC y eficiencia energética.

El secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, y la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, enfatizaron que hubo avances en varios temas. El fin de semana trascendió que la renegociación podría extenderse hasta 2019, pero los ministros no mencionaron nada.

En noviembre, cuando concluyó la sexta ronda, Guajardo dijo que siete capítulos estaban casi listos para cerrarse en el siguiente encuentro. Además de que ello no ocurrió, el secretario casi repitió sus palabras al señalar que hubo avances significativos en los capítulos de telecomunicaciones, comercio digital y medidas sanitarias y fitosanitarias, los cuales se esperaba concluir en la próxima ronda. También expresó que se avanzó en los capítulos de aduanas y facilitación comercial, y está por cerrarse el anexo sobre productos químicos y farmacéuticos.

El cierre de la sexta ronda no estuvo exenta de las quejas de Lighthizer sobre el déficit comercial de su país, pero aseveró que hay ciertos malentendidos sobre que Estados Unidos está siendo injusto en estas negociaciones, pero esto no es así.

Insistió en que se debe evaluar si la relación comercial es equitativa. Esta vez enfocó sus ataques contra Canadá. Señaló que este país registró un superávit por 87 mil millones de dólares con su nación en 2016. Es una cifra que equivale aproximadamente a 5.7 por ciento del producto interno bruto de Canadá. Entonces, me pregunto si ese desequilibrio no podría obedecer a las reglas del TLCAN y Canadá no preguntaría lo mismo si la situación fuera la contraria. La ministra Freeland refutó la afirmación con cifras oficiales de Estados Unidos, al asegurar que el año antepasado Canadá tuvo un déficit comercial con esa nación de casi 8 mil millones de dólares.

Lighthizer también arremetió contra el capítulo de solución de controversias. Indicó: Estamos preocupados por el arbitraje de controversias vinculante. ¿Qué nación va a dejar en manos de los árbitros o a la suerte toda su defensa contra el comercio injusto?

Ayer, el periódico The Wall Street Journal publicó que México y Canadá rechazaron la propuesta estadunidense de modificar el sistema de paneles de arbitraje corporativos, de acuerdo con fuentes que consultó vinculadas con la renegociación, según Notimex.

Estados Unidos propone que sea optativa la adhesión al sistema, conocido como solución de controversias entre inversionistas y estados, pues considera que perjudica su soberanía al permitir que multinacionales eviten los tribunales nacionales, por lo que podría salirse de dicho mecanismo.

Con dicho mecanismo los paneles de arbitraje atienden denuncias de corporativos sobre inversiones que hayan sido tratadas injustamente por alguno de los gobiernos asociados al TLCAN. El sistema, agregó el diario estadunidense, está ampliamente respaldado por empresas multinacionales, porque les permite evitar largas batallas judiciales y un trato potencialmente discriminatorio en el extranjero, indicó el periódico.

Por otra parte, en una entrevista telefónica desde Montreal, el dirigente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, quien encabeza a la delegación del sector privado que participa en el cuarto de junto en la renegociación, calificó de positiva la sexta ronda y destacó que hubo flexibilidad de los tres países para dialogar sobre los temas disruptivos.

Destacó el cierre del capítulo anticorrupción, porque, dijo, no tiene antecedente en ningún tratado comercial internacional y pone piso parejo a las empresas que poseen políticas de cumplimiento e incentiva la probidad de los funcionarios públicos.

Detalló que empresarios y gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá acordaron tipificar como delitos los sobornos y el enriquecimiento ilícito, y se prohibió a las compañías los pagos de facilitación. Se obliga a las partes a promover la integridad de los funcionarios públicos y proteger a los denunciantes en las investigaciones, así como la correcta aplicación de las leyes de cada país en la materia. También se establece el compromiso trilateral de alentar a las empresas a que prohíban los pagos de facilitación, y se estipulan mecanismos de cooperación entre las naciones integrantes.