Salsipuedes, Gro.

“La Parota es la presa de la muerte. Hemos hecho la lucha para defender la vida. No hay otra cosa mejor que el agua que cruza las comunidades de Cacahuatepec y ejidos que nos apoyan, Los Guajes, Los Arroyos, La Palma. Nunca van a aceptar una presa ni muchas pequeñas. El gobierno dice que nos va a pagar bien. ¿Cómo cree que nos puede ‘pagar’ por el agua del Papagayo? No vivimos de dinero”. Don Facundo Hernández Ángel, aunque es un hombre de edad, luce mayor y está muy impedido para caminar. Como muchos aquí, fue fundador del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop) y no ve motivo para darse por vencidos.

Para nosotros, la presa está cancelada. Cuando se hizo la asamblea de los 47 pueblos se llegó al acuerdo de impedirla, relata. Era 2003. En 2007 trajimos expertos y concluyeron que las tierras quedarían áridas, por una energía que no era para la República siquiera, sino para exportación. A cambio de un peligro, porque aquí es zona sísmica y estamos cerca del mar. Aprendimos que dejan llorando a los pueblos que les toca una presa.

Don Facundo recibe al reportero en el patio de su muy rural y modesta casa, donde un pavorreal pasea entre los cerdos, cerca de la pedregosa ribera del Papagayo. A 20 minutos del puerto de Acapulco (su cabecera municipal), Salsipuedes pertenece, con otro medio centenar de poblados, a la comunidad nahua de Cacahuatepec, tras las colinas del famoso balneario. Nos iban a matar a todos, al animal, al humano, a los árboles, con una cortina de 200 metros, imagínese.

A pesar de la decidida oposición a cualquier obra en el río, los sucesivos gobiernos guerrerenses y los empresarios gravilleros que hacen aquí sus minas de piedra bola (cantos rodados) insisten en saquear Cacahuatepec. Sobre todo quieren nuestra agua, comenta Faustino, de la comunidad Aguascalientes (acá se pronuncia: agua caliente). Tenemos unos manantiales muy ricos. Nos imponen mandarnos agua de Acapulco y llevarse la nuestra que es mucho mejor.

A la par de las empresas gravilleras, que llegaron a extraer roca del lecho del río con grandes trascabos y dejaron socavones mortales, aparecieron grupos armados en algunas comunidades y la inseguridad aumentó. Don Facundo explica: Pedimos entonces incorporarnos a la Policía Comunitaria (CRAC-PC) de San Luis Acatlán para detener ese mal y proteger nuestro territorio. Los cribadores locales, explica, han sido afectados también por la extracción masiva de material pétreo.

El ataque del día 7 contra la CRAC-PC en La Concepción fue algo que estaban esperando. Necesitaban una provocación para dejarnos ir a la policía municipal, la estatal, la Gendarmería y el Ejército, concluye don Facundo.

Sin ningún respeto por la Policía Comunitaria de La Concepción, legítima componente de la CRAC-PC de la Montaña y la Costa, el pasado domingo 7 llegaron las fuerzas estatales a desarmar y detener a los policías comunitarios. Aparentemente iba a haber un diálogo, pero no. Sobrevoló un helicóptero de la Policía Estatal, echó un disparo, era la señal, y empezó la confusión, recuerda un joven en Aguascalientes. “Los de la CRAC-PC alzaron sus armas ante el ataque, pero ejecutaron a Feliciano Ascencio Sierra, Cresenciano Everardo Lorenzo y Alexis Santos Castillo” (cuyo abuelo Asunción Santos Bailón es uno de los presos en Las Cruces).

Dichas muertes se sumaron a las ocurridas esa madrugada, cuando Eusebio Elacio Martínez y Ulises Martínez García, policías comunitarios, fueron atacados por la espalda dentro de su comandancia. Después, al responder el fuego los comunitarios, fallecieron seis agresores armados: Alejandro Melchor León, Abdulio Monroy Dorantes, Daniel Everardo Miranda, Alejandro Melchor Ángel, Jesús Estrada Calixto y Alexis Estrada Ascencio.

La policía estatal cateó ilegalmente decenas de hogares, causó destrozos innecesarios y sustrajo identificaciones, dinero, pertenencias y algunas armas de bajo calibre, o sea legales, precisa Rogelio Teliz, defensor de los presos. También dicen que encontraron droga, añade, dejando claro que lo duda.

Un antecedente de importancia había sido la detención el 31 de diciembre de un ex militar armado que presuntamente pretendía asesinar a Marco Antonio Suástegui, la figura más visible y perseguida de Cecop, pero es sólo un comunero más, nos había dicho en su hogar don Facundo. Al sujeto se le hallaron tres identificaciones distintas, de abogado, marino y policía estatal. Cual sea su nombre, se le conoce como El Chistorete. El Ejército vino a rescatarlo.

También había dos detenidos por la CRAC-PC días atrás; en reducación por delitos cometidos. Durante el operativo, la policía se los llevó, desapareció sus expedientes y acusó a los comunitarios de secuestro, que es uno de los diversos cargos que tienen encarcelados en el penal de Las Cruces a 25 miembros del Cecop.

Teliz señala otros elementos de la situación. Aunque el Cecop tiene mayoría en casi todas las comunidades de Cacahuatepec, la autoridad de bienes comunales es afín a los planes gubernamentales y ha permitido la venta ilegal de predios cercanos adonde quedaría la cortina de la presa, a empresarios como Humberto Marín y a César Flores Maldonado, asesor del gobernador Astudillo.

Abundan las maniobras para doblegar al Cecop. La comunidad ha intentado actualizar el padrón de comuneros, pues 60 por ciento ya no viven, pero al gobierno le viene bien que el padrón sea reducido y manipulable. Cecop ha insistido en elecciones por usos y costumbres. En Cacahuatepec nunca se aceptaron los programas de titulación de predios (Procede-Fanar), así que no pueden ser enajenados.

El ambiente es tenso. La gente no quiere hablar en las comunidades. Nuevamente son días de prueba para los defensores del territorio en Cacahuatepec.