Madrid.

Por unanimidad y después de un largo debate que se prolongó más de siete horas, los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) decidieron prohibir una hipotética investidura a distancia de Carles Puigdemont, que se encuentra refugiado en Bélgica desde finales de octubre y es el candidato que presentó el bloque separatista para la sesión del próximo martes. Tanto el Consejo de Estado como el ponente del TC se opusieron a que se admitiera a trámite el recurso presentado por el gobierno español, bajo el argumento de que era prematura y preventivo.

En la batalla jurídica entre el independentismo catalán y el gobierno español, presidido por el derechista Mariano Rajoy, el TC adoptó una decisión después de un largo debate que dejo entrever las profundas discrepancias que subsisten entre los magistrados sobre el recurso presentado por la Abogacía del Estado. La intención de Rajoy y su gabinete es impedir que el próximo martes el Parlamento catalán celebre la sesión de investidura con el candidato presentado por el bloque separatista ausente.

Puigdemont, que salió de forma furtiva de Cataluña a finales de octubre, un día después de que se declarara la independencia unilateral a petición suya, pretende ser investido vía telemática o por skype para evitar volver a Cataluña y sea detenido por la policía española, al estar acusado ante el Tribunal Supremo de los delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos. El líder independentista tiene garantizada la investidura por apoyos parlamentarios, una vez que su grupo, Junts per Catalunya (JuntsxCat) tiene 34 escaños y su aliado Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), 32. Además es probable que la Candidatura de Unidad Popular (CUP), con cuatro diputados, también respalde la investidura, si bien la condicionaron a que se presente un plan claro para impulsar la república catalana por la vía unilateral.

El gobierno español presentó el recurso ante el TC con la pretensión de paralizar o suspender de forma cautelar la sesión de investidura si Puigdemont no se encuentra físicamente en el hemiciclo, pero también pretendía que fue impugnado su nombramiento por los procesos abiertos en su contra. Los magistrados resolvieron una salida intermedia, pero que obligaría a Puigdemont a volver a Cataluña si quiere ser investido, con el riesgo de su inminente detención y más que probable traslado a la prisión de forma indefinida, tal y como se encuentran desde el pasado 2 de noviembre el ex vicepresidente de Cataluña, Oriol Junqueras, y el ex consejero de Interior, Joaquim Forn -quien anunció recientemente que renunciaba a su escaño y que se alejaría de la vida política autonómica-.

El TC asume casi en su integridad la recomendación hecha por el Consejo de Estado al gobierno, que decía literal: ”A la vista de esta jurisprudencia, la impugnación de la propuesta del presidente del Parlament de Catalunya que se limita a proponer al diputado Carles Puigdemont como candidato a la presidencia de la Generalitat, o de una futura convocatoria de la sesión de investidura de dicho candidato, entraría dentro de lo que el Tribunal Constitucional considera impugnaciones preventivas o hipotéticas, habida cuenta de que no cabe sostener, más allá de una mera presunción, que el candidato propuesto no vaya a hacer acto de presencia en la Cámara. Pero si en la convocatoria de la investidura, o en cualquier otro acto, el Parlament de Catalunya autorizase de forma expresa la intervención del candidato ausente a través de medios telemáticos o por medio de persona interpuesta, procedería su impugnación al amparo del título V de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional”.

Antes de darse a conocer el auto del TC, Puigdemont anunció que estaba negociando con los nacionalistas flamencos para utilizar su Parlamento el próximo martes y dar desde ahí el discurso de investidura. El ex mandatario catalán está analizando junto con sus colaboradores más cercanos las posibles salidas a su investidura el próximo martes y los numerosos riesgos que tendría en caso de volver a Cataluña, donde no sólo se ha puesto en marcha un intenso dispositivo de seguridad en la frontera con Francia sino que también hay un cinturón policial en las inmediaciones del Parlamento, con el objetivo de impedir que Puigdemont entre sin antes ser detenido por la policía. En caso de que el ex mandatario lograra entrar a la sede parlamentaria, sólo el presidente de la institución, el independentista Roger Torrent, podría autorizar el ingreso de la policía española para su detención.