El primer tribunal colegiado con sede en el estado de Chihuahua dictó sentencia definitiva y otorgó la protección de la justicia federal en favor de Élfego José Luján Ruiz –quien en 2009 fungía como comandante del 35 Batallón de Infantería en Nuevo Casas Grandes–, dos militares más –acusados de haber ejecutado a cinco civiles– y dos supuestos desertores del Ejército que presuntamente formaban parte del cártel de Juárez.

La sentencia dictada concede la libertad a Luján Ruiz, Everaldo Cludualdo Vega y a Ramón Natividad Loya Romero, quienes inicialmente fueron condenados a 33 años de prisión, pero por conducto un juicio de amparo demostraron que las pruebas y testimonios en su contra fueron conseguidos mediante tortura por integrantes de la justicia militar, informó el abogado Félix Garza, defensor de los efectivos que obtuvieron la protección de la justicia federal.

En este caso, el juzgado quinto militar los encontró penalmente responsables de haber ordenado que se asfixiara con bolsas de plástico a Mario Alberto Guerrero León, El Jano, y a Mario Alberto Peralta Rodríguez, El Capulina, y luego rociarlos de gasolina para que los cadáveres fueran incinerados. Los restos de ambos fueron localizados por la policía estatal. En un inicio el caso se reportó como una venganza entre grupos rivales.

La Procuraduría General de Justicia Militar abrió una investigación un mes después y dictó auto de formal prisión en contra de 13 efectivos del Ejército Mexicano. Entre los declarantes había desde un soldado raso hasta un capitán.

Sin embargo, el caso fue llevado a la justicia civil y durante diversos procedimientos y recursos los tribunales consideraron que los testimonios se obtuvieron mediante actos de tortura y violaciones a derechos humanos. Por ello, el primer tribunal colegiado con sede en Ciudad Juárez confirmó dentro del recurso de amparo en revisión, número 783/2016, la protección de la justicia federal para Élfego José Luján Ruiz, Everaldo Cludualdo Vega y Ramón Natividad Loya Romero.