ara la nación es indispensable que, en los debates electorales, en las propuestas de gobierno y mañana mismo, se reconozca a la prevención del delito como llave de oro de la seguridad pública. Difundir una cultura de prevención ha estado olvidado, aplicar la violencia oficial a la violencia criminal ya se demostró que es costoso en vidas e inútil. Hoy es posible el renfoque que estará a cargo de uno de tres. Los tres se han referido a la violencia de manera insuficiente, la refieren sólo entre otros temas, como si les diera vergüenza, lo hacen con ideas gastadas, sin fuerza ni horizonte. Ojalá esa limitación sea premeditada y sólo parte de un proyecto satisfactorio.
La prevención que en cualquier materia es una cultura de protección de la vida, de la colectividad humana y de su patrimonio, en México se atiende poco. Es una cultura que, como la mayoría de ellas, debe promoverse desde el poder y esparcirse en el hogar, la escuela, el ejercicio profesional y en la vida diaria. Debe entenderse como actor esencial en la vida comunitaria y en este mismo sentido es básica en materia de seguridad pública. Pensar que es un deber sólo del gobierno es un enfoque desacertado.
Lamentablemente, en nuestro medio este principio no disfruta de ningún interés del gobierno ni de la plena comprensión del pueblo. Es un déficit en nuestra civilidad. No asumimos como una realidad que la prevención nos compete a todos como responsabilidad y que es toda acción dirigida a evitar hechos que lamentar. Son dos los principales espacios de la prevención: 1. Por parte del gobierno preservar a la comunidad de toda agresión y, 2. Por parte del particular, adoptar prácticas destinadas a evitar al posible infractor el realizar el hecho delictivo que lo dañe.
Los gobiernos han alcanzado logros notables en materias como la prevención en campos como la salud, de manera que ciertas enfermedades han sido confiablemente controladas. Este logro no es paralelo a lo alcanzado en la prevención de seguridad pública. Los recientes gobiernos federales se han limitado a expedir numerosas leyes, reglamentos y programas, firmar convenios y crear burocracia con subsecretarías, institutos, coordinaciones, comisiones y centros de escasísima conexión con lo real y con casi nulo presupuesto.
Existe en la Secretaría de Gobernación un Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, dice que promovemos la cultura de la paz, la legalidad, el respeto a los derechos humanos, la participación ciudadana y una vida libre de violencia en todo el país
. ¿Se sabe algo de eso?
En 2009, se expidió la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que técnicamente carece de conceptualizaciones y programas trascendentes, más que una ley, es un manual de operaciones internas de alguna policía. En enero de 2012, se expidió la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, que dedica todo su capítulo segundo a definir la prevención donde fija tareas de manera soñadora. Llega a disponer el mejoramiento del diseño urbano, del industrial, el transporte público, el aprovechamiento de nuevas tecnologías y el respeto a la intimidad y privacidad. Casi seis años después de tal fantasía, la sonrisa corresponde al lector.
El gobierno federal en su Programa Nacional de Seguridad Pública 2014-2018, expone en su Planteamiento de la Estrategia de Seguridad Pública, la prevención del delito y reconstrucción del tejido social y la promoción y articulación de la participación ciudadana
, planteamiento del que la población no identifica ninguna acción que merezca más que otra sonrisa.
La sociedad civil, sistematizada en un esfuerzo común ya por décadas ha logrado formular muy solventes diagnósticos y proyectos que sin respuesta han sido presentados en lo personal al propio Presidente de la República y al entonces responsable del tema, el secretario de Gobernación señor Osorio Chong.
No ha habido ninguna señal de interés que no sea formular documentos oficiales y el uso propagandístico sobre la materia. La sociedad puede ir mucho más allá, pero necesita la comprensión del gobierno. Puede advertirse que, en materia de propósitos del gobierno de Peña Nieto, éstos son tantos, tan fantásticos, diversos y dispersos y hasta contradictorios que en materia de prevención todo quedó en una enorme confusión. Imaginemos cómo interpreta este enredo la autoridad estatal y peor la municipal.
De seguirse esta pauta suicida de banalización y menosprecio por la prevención, se seguirán aplicando el poder político, la capacidad administrativa y grandes recursos presupuestales a ideas, que no proyectos, que, a sólo meses de puestos en vigor, acreditan lo casi inútil del emprendimiento, básicamente por un diseño irreal, falta de seguimiento y pretender atender sólo a la fase de control judicial o actos de represión del delito olvidando la llave de oro que es la prevención.
