Madrid.

El Parlamento de Cataluña informó ayer a todos los grupos políticos y a la opinión pública que el próximo martes 30 de enero se llevará a cabo la sesión de investidura del nuevo gobierno catalán y en la que el bloque independentista aspira a nombrar como presidente a Carles Puigdemont, actualmente refugiado en Bélgica y con una orden de detención en territorio español.

El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, inició los trámites para presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional para impedir su nombramiento a distancia, al ser una de las dos posibilidades que barajan para llevar a cabo la votación.

En los comicios autonómicos del 21 de diciembre, el bloque independentista logró de nuevo una mayoría para formar gobierno. De los 135 diputados que forman el Parlamento, 34 fueron para la formación de Puigdemont, Junts per Catalunya (JuntsxCat); 32 para Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y cuatro para la Candidatura de Unidad Popular (CUP). Puigdemont tiene garantizado el apoyo de 66 diputados, suficiente para ser elegido en una segunda votación por mayoría simple, una vez que la mayoría absoluta requiere de 68 escaños. La CUP, que fue aliada estratégica en la anterior legislatura, ya ha advertido que no votará de nuevo a Puigdemont hasta que éste se comprometa claramente a la construcción de la nueva república y a retomar el proyecto de secesión unilateral.

Pero en la sesión del próximo martes el principal escollo para el nombramiento de Puigdemont es su situación penal. El ex mandatario catalán se encuentra refugiado en Bélgica desde finales de octubre, poco después de que se aprobó en el Parlamento catalán la declaración de independencia unilateral.

Desde Bruselas, Puigdemont participó en la campaña electoral y ahora también pretende que su nombramiento como presidente de la Generalitat sea vía telemática o por skype. Una fórmula de la que no hay precedentes y de la que tampoco se sabe a ciencia cierta si está amparada por el reglamento del Parlamento catalán. La segunda opción que tiene para ser investido es intentar llegar a Barcelona y al Parlamento, sorteando los férreos controles policiales que ha puesto en marcha en gobierno español tanto en la frontera como en las inmediaciones de la Cámara, para ser investido y permanecer encerrado en el recinto, al que sólo podría acceder la policía española con la autorización del presidente del Parlamento, el independentista Roger Torrent.

El gobierno español, en tanto, inicio los trámites para presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional, pues no sólo pretende impedir la sesión parlamentaria, sino que también busca evitar que sea efectivo el voto delegado de cinco diputados que también están refugiados en Bélgica.