La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y el gobierno federal se comprometieron a aceptar las recomendaciones en materia de derechos humanos dar condiciones de seguridad a los titulares y al personal de las comisiones en la materia, y revisar el presupuesto de las mismas, informó el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez.

Lo anterior, explicó, se convino durante la reunión privada que tuvieron los integrantes de la conferencia con la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, encabezada por el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, en la que acordaron firmar un convenio para tal efecto. El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, fungió como anfitrión de la misma.

Entrevistado luego del encuentro, realizado en el Museo de la Ciudad de México, agregó que también se resolvió establecer un mecanismo de comunicación permanente, así como de evaluación de los avances en dichos temas.

Tenemos que ver que en los hechos la voluntad política aquí expresada se dé, señaló González Pérez, quien precisó que se trató de una reunión histórica, en la que también se expusieron temas como el fortalecimiento de las comisiones estatales, para que tengan áreas especializadas en niños, adolescentes y personas con discapacidad; además, establecer mecanismos para la prevención de la tortura y desapariciones forzadas, que quedarán plasmados en el convenio.

Tras señalar que pidieron el esclarecimiento del homicidio del presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Baja California Sur, Silvestre de la Toba Camacho, el ombudsman nacional precisó que él será el encargado de realizar el borrador del documento, el cual entregará al presidente de la Conago, Arturo Núñez Jiménez, gobernador de Tabasco.

La firma de dicho convenio, señaló el Gobierno de la Ciudad de México, fue sugerida por Mancera, quien señaló que las violaciones a los derechos humanos vulneran la paz, la convivencia y el tejido social del país, por lo que los gobiernos no podemos quedarnos tranquilos ante esa situación.

Se trata, dijo, de contar con un documento que fije las directrices para la atención de los puntos que preocupan a los defensores de derechos humanos y las responsabilidades de los gobiernos. Dicha propuesta fue apoyada por Navarrete Prida.