a sesión que tuvo lugar ayer en el Tribunal Regional Federal 4 de Porto Alegre exhibió lo sustentado en este espacio, a saber, la motivación política y la ausencia de asideros jurídicos en el proceso abierto contra el ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva por corrupción pasiva y lavado de dinero. En efecto, la grosera forma en que se borró cualquier distinción entre los magistrados y la parte acusadora, la desproporción de la sentencia, o el predominio de la retórica sobre los argumentos fueron las notas imperantes durante la cita en que se ratificó por unanimidad la sentencia emitida en julio pasado, con un aumento de la pena de nueve y medio a 12 años y un mes de prisión.

Es necesario recordar que el caso juzga la culpabilidad del ex mandatario en un episodio de soborno en el que presuntamente recibió un departamento de lujo a cambio de favorecer a una constructora, pese a que no existe documento alguno que ampare la propiedad del inmueble en cuestión por parte del político, ni evidencia de que él o alguno de sus familiares lo hayan ocupado, alquilado o hecho cualquier uso de él. Por el contrario, se presenta como incontrovertible muestra de culpabilidad la delación de un empresario que a cambio de su testimonio se garantizó la inmunidad en el masivo entramado de corrupción conocido como Lavado rápido.

La sentencia, no obstante, no cierra las posibilidades del puntero en las encuestas para presentarse a las elecciones presidenciales de octubre, pues tiene por delante un recurso de revisión ante la misma corte y, en última instancia, llevar su juicio ante el Tribunal Supremo. En este punto debe señalarse una manifestación más de parcialidad por parte de los impartidores de justicia de Porto Alegre, quienes de manera anticipada declararon que pedirán una ejecución inmediata de la sentencia tras dar trámite a la siguiente fase del proceso.

Si a lo anterior se suma, de un lado, el incesante golpeteo de los grandes medios de comunicación tanto nacionales como extranjeros contra los gobiernos del Partido de los Trabajadores –prolongado a lo largo de los embates judiciales contra Lula– y, de otro, las reacciones del mercado bursátil ante la sentencia de ayer, resulta ampliamente justificado que el ex sindicalista y líder histórico de la izquierda brasileña denuncie el fallo que también lo inhabilita para ocupar cualquier cargo público como una conjura de la oligarquía brasileña para poner fin a un proyecto que, con matices, incongruencias y errores, logró la reducción más importante de la pobreza en la historia de ese país.

Resulta imperativo manifestar el más firme rechazo ante la deriva antidemocrática que se encuentra detrás de este ensañamiento jurídico, el cual, debe repetirse, es ajeno a cualquier afán de castigo a la corrupción, un mal que de manera innegable carcome a la clase política brasileña, quizá hoy más que nunca.