a justicia brasileña emitirá hoy la sentencia definitiva en uno de los juicios por corrupción que se siguen contra el ex presidente Luiz Inácio Lula Da Silva, quien ayer declaró sentirse tranquilo, pero herido por la cantidad de mentiras vertidas por la parte acusadora. Con la confirmación o anulación de la condena tendrá lugar el desenlace judicial –aunque con seguridad no el político– de la persecución emprendida por la derecha brasileña para derribar al gobierno del Partido de los Trabajadores, primero, y, en la actual fase de la embestida, deshacerse del más emblemático representante de la agrupación citada.
El caso contra el ex mandatario presenta tantas inconsistencias que no deja dudas de la motivación política. En primer lugar, porque su evidencia central en el supuesto ocultamiento de la propiedad que Da Silva ejerce sobre un departamento de lujo, en realidad siempre fue un dato público: que en 2004 compró una participación en el edificio donde se encuentra el inmueble impugnado, que su participación le permitía ejercer la opción de compra de la residencia y que decidió no ejercer ese derecho, como lo estipulaba el contrato correspondiente.
Pero además, el procedimiento se encuentra viciado de origen dado que el juez que emitió la sentencia original, Sergio Moro, jugó también un papel central en las maniobras político-judiciales que llevaron a la destitución ilegal de la presidenta Dilma Rousseff el 31 de agosto de 2016.
Un último elemento, pero no menor, que pone al descubierto la impresentable parcialidad de la justicia brasileña es el contraste entre la acción expedita, en un caso en el que no existe prueba alguna, frente a la pasividad con que se aborda la escandalosa corrupción del presidente golpista Michel Temer, sobre cuyos ilícitos existen evidencias tan contundentes como un audio en el cual pacta el pago de sobornos con un magnate del sector agropecuario.
Si pese a la palmaria falta de evidencias el Tribunal Regional Federal de la cuarta región de Porto Alegre ratifica la sentencia de nueve años y medio de prisión que pesa desde julio pasado contra el político que encabeza todas las encuestas rumbo a las elecciones presidenciales de octubre, se habrá consumado la implantación de una dictadura en el país más grande de América Latina mediante un pacto mafioso entre los poderes del Estado.
Esta nueva fase del retroceso autoritario impuesto en la región mediante diversas modalidades de golpes de Estado blandos –es decir, sin protagonismo de las fuerzas armadas– constituye no sólo una ruptura de cualquier atisbo democrático, sino una amenaza para todo el pueblo brasileño, habida cuenta de que procesos de este tipo se ven invariablemente acompañados por recortes drásticos a las libertades y condiciones de vida de las mayorías.
