El Instituto Nacional Electoral (INE) sancionó por primera vez un caso comprobado de turismo electoral, por medio del cual el Partido Revolucionario Institucional (PRI) alentó el traslado de electores de Yucatán a Quintana Roo en 2013. Sin embargo, la multa impuesta al partido fue sólo de 323 mil 700 pesos; de 3 mil 238 pesos, a Juana Ucán y Miguel Arcángel Caamal, quienes fueron los operadores del traslado irregular de ciudadanos, y amonestación pública a 467 ciudadanos que con documentación falsa cambiaron de domicilio.

Se está imponiendo una sanción a quien físicamente acudió a los módulos y proporcionó datos inadecuados o datos falsos al Registro Federal de Electores, como a quienes instigaron esta conducta o no la frenaron, aseveró la consejera Pamela San Martín.

La también consejera electoral Dania Ravel cuestionó que la sanción a quienes proporcionaron datos falsos al Registro Federal de Electores fuera sólo una amonestación, porque con ello se minimiza la responsabilidad y la gravedad de la infracción en que incurrieron. La verdadera intención de ese actuar era alterar los instrumentos registrales, violentar la función electoral y, en consecuencia, el sufragio.

En este contexto, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, aprovechó para lanzar una defensa a la seguridad del listado nominal, en entredicho tras la detección de firmas apócrifas en apoyo a aspirantes a candidatos independientes. Subrayó que el listado es sometido a auditorías, a verificaciones de campo y que cuenta con una serie de mecanismos de protocolos para poder identificar cualquier movimiento atípico.

El representante de Morena, Horacio Duarte, sostuvo que una vez confirmado este tipo de operaciones, el INE debería ir más allá, porque no se trata de un hecho aislado, el tema da para una gran investigación, porque como se ha dicho aquí, siempre hay un hilo conductor que es la acusación de que el PRI utiliza este mecanismo para distorsionar los resultados electorales en los municipios.

Antes, el consejero Marco Antonio Baños señaló que el INE ha promovido 5 mil 598 denuncias ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales porque es un tema grave, pues se trata del traslado de personas sobre todo en elecciones municipales donde las diferencias de votaciones se dan por muy pocos votos.

A pesar de respaldar el dictamen presentado a partir de una denuncia de senadores del Partido Acción Nacional (PAN), su representante Eduardo Aguilar lamentó la reducida sanción impuesta al PRI, porque si bien castiga una conducta ilícita, las penas no son solamente castigo de pasada, sino que pretenden ser pedagógicas para que no se repita.