La interposición de sendas acciones de inconstitucionalidad por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) contra la Ley de Seguridad Interior (LSI) es una muestra positiva de que ambos organismos cumplen su labor, pero aún está por verse si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se encuentra a la altura del reto, indicaron activistas de organizaciones civiles.

Antonio Lara, director del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, saludó las impugnaciones de las dos entidades autónomas, pues de esta manera se apegaron a sus facultades legales e hicieron lo que debían hacer. El reto ahora lo tiene la SCJN, que es donde debe darse un debate serio y con perspectiva de derechos humanos.

Y es justo en la etapa que viene donde el activista manifestó algunas dudas, porque, en su momento, el máximo tribunal del país no tuvo una actuación suficiente al analizar la llamada ley Eruviel que el gobierno del estado de México propuso en 2015 para regular el uso de la fuerza pública en la entidad y que fue impugnada por organizaciones sociales ante la SCJN.

En su momento, la Corte “no se atrevió a declarar la inconstitucionalidad de toda la ‘ley Eruviel’; sólo tocó algunas partes, y después la ley regresó al Congreso local donde decidieron no rediscutirla. Podríamos decir que se detuvo, de alguna forma, pero nos preocuparía que la SCJN mantenga una actitud insuficiente en lo que respecta a la LSI”.

Por su parte, José Antonio Guevara, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, coincidió en que las acciones de inconstitucionalidad del Inai y la CNDH son una muy buena noticia, porque así se ganan el reconocimiento de verdaderos entes autónomos.

Ahora, subrayó, “está en manos de la SCJN no formar parte de esta comparsa delincuencial en la cual el Ejecutivo –sin mandato y sin decreto de afectación a la seguridad interior– ya tiene a las fuerzas armadas en la calle haciendo operaciones propias de la policía, extralimitándose en las mismas y garantizándoles impunidad”.

En ese contexto, Guevara recordó que los casos de violaciones de derechos humanos cometidas por soldados y marinos durante la guerra contra las drogas siguen un mismo patrón de detenciones arbitrarias, tortura, criminalización e impunidad para los responsables y por tanto no se trata de acciones aisladas o esporádicas.