De lógica elemental
ué tiene que ver la Ley de Seguridad Interior (LSI) con ciertos chispazos informativos que un lector no acucioso ve pasar ante sus ojos sin relacionarlos entre sí?
Por ejemplo, ¿qué tendrá que ver la LSI con los aumentos en el precio de los alimentos básicos, la parálisis del monto del salario mínimo, el índice de inflación, la paridad del peso con el dólar y la aparición de la organización Mexicali Resiste, fundada hace un año (enero 2017) a raíz de los gasolinazos y la pretensión del gobierno de privatizar la gestión del agua potable, residual y alcantarillado con suministro condicionado? O ¿con la virtual desaparición del Sindicato Mexicano de Electricistas, el fortalecimiento monopólico de la Comisión Federal de Electricidad, la reforma energética y el aumento progresivo de las tarifas en combustibles? O ¿con la irreductible presencia de los deudos de las víctimas de Ayotzinapa, pero también con los miles de familiares de desaparecidos a lo largo y ancho del país, así como con la indignación nacional y mundial ante el asesinato impune e intimidación de periodistas, y la interrogante de a dónde fueron a parar los fondos internacionales entregados al gobierno para los damnificados de la capital y del Itsmo de Tehuantepec por los sismos de septiembre de 2017?
¿Qué tendrá que ver la LSI con los presos y amenazados de la oposición indígena a proyectos trasnacionales en suelo mexicano, como la presa La Parota (Guerrero) que dejaría a cientos de miles sin hogar ni tierras de cultivo ni memoria material, o como el proyecto Eólica del Sur de Juchitán (Oaxaca), que acabaría con el camarón y otras variedades que constituyen el alimento y moneda de cambio de las poblaciones costeras, o con los pueblos nahuas de la Ciudad de México, decididos a salvaguardar el patrimonio rural y cultural ancestral de la capital contra la expansión urbana no sustentable?, ¿y con los Concejos indígenas organizados según sus usos y costumbres, decididos a proteger su medio ambiente natural y formas sustentables de vida de la depredación capitalista, cuyo desarrollo tecnológico no es tal, al contrario, es un peligro comprobado para la humanidad? (S.Ribeiro, La Jornada, 20/1/18, p.19).
¿Qué tiene que ver la LSI con las autodefensas que surgieron legítimamente en estados del país, donde la legalidad suele frenar el castigo a los delincuentes y cómo será aplicada la LSI cuando la huelga nacional pactada por los sindicatos universitarios estalle el próximo 31 de marzo? ¿Obedecerá a lineamientos dictados desde el exterior, como la Iniciativa Mérida para controlar las migraciones provenientes del sur de nuestro país para que no lleguen al país del norte?
La lógica más elemental indica que la LSI es el arma de contención de un Estado fallido que, como toda arma, es defensiva y ofensiva, represiva y violenta en caso necesario, y cuyos alcances son legitimados por una legalidad irresponsablemente acordada por una mayoría de congresistas carentes de la más elemental lógica. A menos que los haya guiado la peor mala fe. Porque, quien esto teclea, está convencida de que si el lector menos advertido habrá encontrado ya la relación de la LSI con los escasos ejemplos enumerados de descontento social, los congresistas tienen que haber detectado que la idea rectora es reprimir como en cualquier Estado militar dictatorial (recuérdense Pinochet, Villela…etcétera) las marchas, los plantones, los guardias comunitarios, los defensores de áreas protegidas, las denuncias y en general todas las protestas emanadas del buen sentido y el buen amor por la naturaleza y la vida humana.
Ojalá la Suprema Corte de Justicia de la Nación vea venir el golpe y, saliendo de una egoísta zona de confort, padezca la lógica necesaria para avizorar el futuro que espera a los mexicanos, durante y después de las elecciones, si acaso dictaminaran que, mediante la LSI, la protesta sea legalmente reprimida y los protestatarios criminalizados.
