El hecho de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) cancelara la firma de un convenio de seguridad con el municipio poblano de San Pedro Cholula –que interpuso una controversia constitucional contra la Ley de Seguridad Interior (LSI)– significa un acto de represalia en contra de quienes se atrevan a impugnar al gobierno, y deja ver la pérdida de institucionalidad de las fuerzas armadas, aseguraron integrantes de organizaciones civiles y expertos en temas de seguridad.

Raúl Ramírez Baena, director ejecutivo de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, señaló que al dejar sin validez los convenios de seguridad ya firmados con Cholula, de forma intempestiva y sin que mediara ninguna explicación, el gobierno mexicano ha asumido una actitud facciosa que pone en riesgo a la población civil.

Hemos estado en contra, no sólo de la LSI, sino de la militarización, pero reconocemos también que en esta etapa una retirada abrupta del Ejército en el combate a la delincuencia organizada deja en graves problemas a los municipios y a los estados. Tiene que haber una planificación con las autoridades municipales y estatales, y con participación ciudadana, afirmó.

En ese sentido, el anuncio del Ejército a las autoridades de Cholula significa un castigo ejemplar, indudablemente, y por eso estamos realmente preocupados. ¿Qué podemos esperar con estas actitudes revanchistas y vengativas que afectan indudablemente la institucionalidad y la democracia en el país?, se preguntó Ramírez Baena.

Por su parte, Victoria Unzueta, especialista en temas de seguridad, hizo ver que el incumplimiento del convenio entre la Sedena y el municipio de Cholula demuestra que el Ejército no está solo al tomar esa decisión, o que incluso pasó por encima de las órdenes de las autoridades civiles, lo cual se asemeja a la comisión de un golpe de Estado.

El problema es que ni los municipios ni las entidades federativas tienen una fuerza de seguridad pública consolidada. De 440 y tantos mil policías estatales y municipales, alrededor de 80 por ciento de ellos tienen problemas de certificación, según cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública. O son incapaces, o tienen vínculos con la delincuencia organizada, recordó.

Nunca habíamos visto de esta manera que el Ejército tuviera esta presión política, es algo inaudito. La presión a las fuerzas armadas se dejó sentir fuerte y este involucramiento político es preocupante, porque una vez que entran en este juego, entonces pierden su institucionalidad, lamentó.