Senadores de los grupos parlamentarios de PAN, PT-Morena y PRD, así como algunos independientes, sumaron ya 45 firmas y este viernes presentarán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad contra de la Ley de Seguridad Interior (LSI). Se requerían las firmas de 43 legisladores, es decir, 33 por ciento de los integrantes de esta Cámara del Congreso.

El pasado 15 de diciembre, último día del periodo ordinario de sesiones, el Senado aprobó la Ley de Seguridad Interior con 75 votos en favor (los del PRI, algunos del PAN y PVEM), 44 en contra (20 del PAN, más de la mitad de la bancada que en diciembre tenía 37 integrantes y ahora quedan 36), 16 de PT-Morena, seis del PRD (Alejandra Barrales no votó porque se retiró de la sesión antes de que se aprobara ese ordenamiento) y dos independientes (Alejandro Encinas y Manuel Cárdenas).

Hasta ayer, 18 panistas (de 20 que votaron en contra), 15 petistas (Rabindranath Salazar pidió licencia y su suplente no rindió protesta), ocho perredistas y cuatro independientes habían signado la acción de inconstitucionalidad contra dicha ley.

En el texto de la controversia los senadores argumentan que la LSI viola 11 artículos constitucionales (1, 21, 29, 49, 73, 89, 115, 116, 119, 124 y 129), así como nueve de la Convención Americana de Derechos Humanos (1, 8, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31).

En sus alegatos, los legisladores signantes de la acción de inconstitucionalidad sostienen que la promulgación de la LSI constituye el último eslabón en la construcción de un Estado policiaco-militar en México.

Agregan que se trata de la elaboración paulatina de un sistema jurídico concatenado y planeado para trastocar las bases del estado constitucional democrático de derecho y otorgarle al presidente de la República y a las fuerzas armadas facultades metaconstitucionales, en violación a la norma suprema y a los derechos fundamentales de las personas.

Agregan que el hecho de que las decisiones del Ejecutivo federal o de un Consejo de Seguridad Nacional no puedan ser controladas por el Legislativo, el Poder Judicial, las entidades federativas, los municipios o los ciudadanos, lo coloca por encima de los demás órganos y poderes del Estado.

De igual forma, los senadores cuestionan que “conceder al Ejecutivo, mediante la interpretación indebida de la Constitución, el superpoder –preservar la seguridad nacional y disponer de la totalidad de las fuerzas armadas para la seguridad interna– limita la soberanía popular y hace nugatorios los principios de división de poderes y el federalismo.

Asimismo, sostienen que se viola el artículo 73 constitucional, ya que la Carta Magna no establece la competencia expresa del Congreso de la Unión para expedir una Ley de Seguridad Interior.