Madrid.

El ministro español del Interior, José Ignacio Zoido, informó ayer en el Senado que el operativo policial que desplegó el gobierno para impedir la celebración del referendo independentista catalán costó 87 millones de euros (2 mil millones de pesos) de dinero público. El gobierno de Mariano Rajoy movilizó a unos 10 mil policías en una jornada represiva que provocó más de mil lesionados.

A mediados de septiembre, cuando empezó a cobrar fuerza la idea de que el gobierno de la Generalitat, encabezado entonces por Carles Puigdemont, llevaría adelante el proyecto de referendo y de independencia unilateral, el gobierno español ordenó un histórico despliegue policial.

La llegada masiva de policías españoles obligó al Ministerio del Interior a buscar fórmulas para hospedarlos, en parte por el alto costo de los hoteles y también porque en algunos pueblos no los quisieron como clientes.

A petición de los grupos de la oposición, el ministro español Zoido informó ante el Senado que el costo total del operativo fue de 87 millones 100 mil euros, para trasladar y hospedar a los 6 mil agentes extras destinados en Cataluña tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil.

Según la documentación facilitada a los senadores, se gastaron 6 millones 300 mil euros en alojamiento; 10 millones 300 mil en manutención, y 105 mil 780 en traslados. El costo mayor fue de 43 millones 300 mil para el pago de dietas y 26 millones 500 mil para los cruceros que se contrataron para hospedaje.

El ministro Zoido advirtió que es un alto costo que hemos de pagar entre todos los españoles por culpa del gobierno independentista que había en Cataluña.

Además, advirtió del costo para el PIB catalán, del descenso de 35 por ciento de las reservas hoteleras y la fuga de más de 3 mil empresas que cambiaron de sede social y en algunos casos también la fiscal.

En tanto, desde Bruselas, el ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, solicitó poder delegar su voto, de cara a la sesión de investidura que se realizará a finales de mes, en la que todavía prevalecen las dudas sobre quién será el candidato.

Tras la constitución del nuevo Parlamento y el nombramiento de los miembros de la Mesa, el siguiente paso es fijar una fecha para la sesión de investidura, en la que tanto Junts per Catalunya (JuntsxCat) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) insisten en presentar como candidato a Puigdemont, para restituirlo en el cargo después de que fue destituido por la aplicación del artículo 155. Sin embargo, Puigdemont tiene una orden de detención en su contra en territorio español, lo que significa que en cuanto regrese podría ser llevado ante la justicia española y lo más probable es que sea enviado a prisión acusado de rebelión, sedición y malversación.

Los tres diputados electos el pasado 21 de diciembre que se encuentran refugiados en Bruselas –Puigdemont, Lluís Puig y Clara Ponsatí– pidieron delegar su voto para participar en la sesión, a pesar de no poder estar en Barcelona. En la misma situación se encuentran los diputados de ERC, Meritxell Serret y Toni Comín, pero ellos todavía no han pedido la delegación del voto.

La decisión la deberá tomar la Mesa del Parlamento –que tiene mayoría independentista de cuatro a tres–, si bien el nuevo presidente Roger Torrent y su partido, ERC, se comprometieron a respetar la recomendación de los servicios jurídicos del Parlamento, que ya advirtieron que es ilegal una sesión investidura a distancia (vía telemática o por skype), como quiere Puigdemont.

En cualquier caso, si finalmente se intenta por esta vía, los tres partidos unionistas y el gobierno español ya advirtieron que presentarían un recurso para paralizar la sesión, lo que supondría la congelación de la investidura y, en consecuencia, se mantendrá en vigor la aplicación del artículo 155 de la Constitución.