Buenos Aires.

En una asombrosa injerencia en la justicia argentina, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) pidió formalmente que se eleve a juicio oral la investigación por la denuncia que el fiscal Alberto Nisman presentó días antes de morir (18 enero 2015) en la que acusó a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a varios de funcionarios de su gobierno por intentar supuestamente encubrir el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) sucedido en julio de 1994, y asegurar impunidad a funcionarios iraníes, acusados por Estados Unidos e Israel por este hecho.

Esto sucede al cumplirse este jueves tres años de la muerte de Nisman y el comunicado de la DAIA destaca que siempre confió en la justicia argentina y en el trabajo del fiscal Nisman y por este motivo, asumió el rol de querellante y solicitó la reapertura de la causa de su denuncia para que se investigara.

En diciembre pasado el polémico juez federal Claudio Bonadio ordenó el procesamiento y detención de Fernández Kirchner, al ex canciller Héctor Timerman, el ex secretario legal y técnico de la Presidencia Carlos Zannini, el dirigente social y político Luis D’Elía, el ex dirigente de la organización Quebracho, profesor de Sociología Fernando Esteche y el dirigente islámico Jorge Alejandro Yussuf Khalil.

Bonadio había incluido una insólita acusación de traición a la patria supuestamente por intentar beneficiar a los funcionarios iraníes acusados -sin ninguna prueba concreta- por Estados Unidos e Israel, de ser responsables del atentado. Este acusación no fue aceptada por una Cámara Federal, aunque confirmó el procesamiento por el Memorando de Entendimiento, firmado dentro de los reglamentos internacionales para una solución pacífica de controversias como en este caso, y aprobado por el Congreso argentino a fines de 2013.

De acuerdo al Memorando, Irán aceptaba que estos funcionarios fueran indagados en Teherán por los jueces argentinos, ya que ese país no tiene extradición y en Argentina no se les puede juzgar en ausencia. Nunca se puso en práctica por diferencias con Irán, pero especialmente por la intervención del gobierno israelí.

Timerman fue enviado a detención domiciliaria, estando gravemente enfermo. En las últimas horas su salud se ha agravado, ante la imposibilidad de obtener la autorización para viajar a Estados Unidos, donde estaba recibiendo un tratamiento especializado. Timerman dijo recientemente a La Jornada que la interrupción de su tratamiento era una condena a muerte.

En situación similar está el dirigente Luis D‘Elía quien tiene varias operaciones cardíacas y tratamiento antidiabetes, y su salud se ha deteriorado.

Por su parte, el secretario nacional de Derechos Humanos, Claudio Avruj, consideró que es acertado, lógico y necesario que se declare la muerte de Nisman como delito de lesa humanidad, como ha pedido la juez Sandra Arroyo Salgado, ex esposa del fiscal.

Es evidente que en medio de una compleja situación nacional, nuevamente se intenta poner en el marco de la justicia una causa que se considera absolutamente armada por los servicios de inteligencia de Israel y Estados Unidos, con apoyo de ex agentes de inteligencia argentinos, que trabajan para ellos.

Rebelión sindical

Organismos políticos, sociales, humanitarios y personalidades presentaron una denuncia penal contra los integrantes del gobierno de Mauricio Macri por el reciente mega decreto de Necesidad y Urgencia 27/2018 que derogó leyes, modifica otras 140, e impone medidas violatorias de la Constitución, lo que fue calificado por el jurista Eduardo Barcesat, que encabeza esta denuncia, como un golpe de Estado institucional a lo que se agregó en las últimas horas otro decreto que elimina las negociaciones salariales para los docentes, y medidas que afectan a un Estado de derecho.

Por su parte, en un duro comunicado contra el gobierno, los sindicalistas de la Confederación general del Trabajo pidieron la derogación de la reforma previsional, exigieron paritarias (negociaciones salariales) libres y sin topes y se comprometieron a apoyar y acompañar activamente a las organizaciones que se declaren en conflicto.

En medio de la creciente tensión con el gobierno nacional Hugo Moyano (Camioneros), Sergio Palazzo (Bancarios) y otros importantes sindicalistas se refirieron al Ejecutivo de Macri como un gobierno de CEOs (gerentes), directores, accionistas, dueños de empresas nacionales y multinacionales que en una clara afrenta a la ley de ética publica asumían sus cargos con total desparpajo conservando acciones e injerencias en sus empresas y beneficiando claramente de manera ostensible sus propios intereses.

Al enumerar lo realizado por Macri en sus primeros dos años de gestión, el documento sindical señala: que se hizo perder el poder adquisitivo de jubilaciones y salarios, se condonó y blanqueó las deudas de los evasores, rebajando el sueldo de jubilados, pensionados y programas sociales. Además se llenaron los supermercados con productos extranjeros que conspiran contra el trabajo de los argentinos y se endeudó el país de manera inaudita haciendo más ricos a los ricos y más pobres a los pobres.

Bajo el título Quien quiera oír que oiga, los sindicalistas denuncian una fuerte persecución sindical, como también lo hacen hoy los docentes tratando de deslegitimizar las organizaciones sindicales ante la sociedad para avanzar con rapidez sobre el salario y las condiciones de trabajo. Estamos ante un estado de excepción, cada vez más autoritarios, denunciaron diversos sectores y entre ellos los periodistas afectados en estos días por nuevas medidas persecutoria gubernamentales.