De nueva cuenta, la compañía canadiense Torex Gold introdujo ilegalmente a la mina Media Luna a cientos de personas ajenas a la empresa, a fin de romper el paro que llevan a cabo trabajadores. Ante ello, una comisión de sindicalizados intentó hablar con los representantes de la firma, pero se interpusieron fuerzas policíacas.

En su búsqueda de diálogo se toparon con líderes de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), el comisario del ejido del Balsas, miembros de la policía comunitaria ilegal y de la Gendarmería, que impidieron cualquier negociación.

El Sindicato Nacional Minero sostuvo que la empresa pretende echar a andar la mina, violando la libertad gremial de los trabajadores, rompiendo su paro, pasando por encima de la Ley Federal del Trabajo y del acuerdo que había con las comunidades de Cocula, Guerrero, de que el yacimiento primero daría empleo a los obreros del lugar.

Los sindicalizados pidieron a la empresa que salgan los trabajadores foráneos, pero los líderes cetemistas y el comisariado los agredieron. Incluso, el comandante de la gendarmería los insultó y los amenazó con liquidar a uno de ellos si no se retiraban, ante lo cual los obreros reclamaron: ¿cuál es su papel? ¿Ser defensor de la nación y la ley o ser defensor de la ilegal empresa extranjera?

Para dar por terminada la reunión, salieron unos 30 policías comunitarios con armas largas y cuernos de chivo –que están prohibidas por la ley– acompañados por la gendarmería, todos ellos dentro de la empresa canadiense.

El sindicato que encabeza Napoleón Gómez Urrutia planteó que se comprueba una vez más que Torex Gold quiere evadir su responsabilidad legal con sus trabajadores, así como con los dos muertos y el herido que resultaron de un ataque que perpetró contra los sindicalizados, además de violar la ley con la compra de autoridades.