yer se dio a conocer el hallazgo de 33 cuerpos en tres fosas clandestinas en el municipio de Xalisco, Nayarit, así como el de cuatro cadáveres en un socavón en Valle de la Trinidad, Baja California. Aunque las pruebas periciales indican que ambos enterramientos fueron realizados hace varios meses, la noticia se suma a la zozobra que viven ciudadanos de amplias zonas del país por la ola de violencia que sólo el primer fin de semana del año dejó más de 70 asesinatos, amenazando con una repetición del macabro récord de 2017, que con 26 mil 500 homicidios es el año más mortífero desde que se lleva este registro.

En este contexto, resultan particularmente preocupantes las declaraciones de altos funcionarios federales que parecieran minimizar la crisis de seguridad. Durante un acto empresarial ayer al mediodía, el presidente Enrique Peña Nieto pidió ver los avances y desarrollos obtenidos durante su administración, los cuales, juzgó, no son valorados con justicia debido al enojo extendido que nubla la vista de algunos. En el mismo sentido de autoalabanza se expresó por la tarde el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, al pedir a empresarios maquiladores no menospreciar lo que se ha logrado en esta década.

Queda claro que el enojo extendido persistirá mientras no se diseñe una estrategia de seguridad que ponga fin a la impunidad con que se cometen atrocidades inaceptables como los citados entierros clandestinos, pero también a aquella que protege a los funcionarios de todos los niveles de gobierno sin cuya complicidad, omisión o incapacidad sería imposible la existencia del crimen organizado en la escala y con la virulencia presentes.

También es un asunto de sentido común que tal estrategia no puede ser una continuación de la vigente, por la cual se captura o abate a uno tras otro líderes del narcotráfico, lugartenientes, sicarios o simples narcomenudistas, pero se dejan intactas las estructuras económicas y políticas que permiten la continuidad de la producción, trasiego y distribución de estupefacientes como un negocio rentable. Este camino, llevado a la hipertrofia desde que en el sexenio anterior se trasladara la responsabilidad de perseguir este ilícito a las fuerzas armadas, no sólo ha sido en todo punto inútil para alcanzar su objetivo último –evitar el consumo de drogas– sino que ha multiplicado la violencia asociada a este negocio criminal.

Por último, quienes se desempeñan en la función pública no deben olvidar que dentro de una democracia los ciudadanos tienen todo el derecho a estar enojados con sus gobernantes, ya se trate de quienes se encuentran en el nivel central, estatal o local, si éstos incumplen los compromisos por los cuales se presentan a las urnas, como habrán de hacer el próximo primero de julio.