Por segunda sesión consecutiva, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizó casos de incumplimiento de sentencias de amparo y ordenó la destitución de 42 funcionarios (alcaldes, síndicos, tesoreros y regidores) de los ayuntamientos de Coacalco de Berriozábal, estado de México, y Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla.

El pleno del máximo tribunal determinó la destitución de los alcaldes Pablo Pérez Maceda, de Tlacotepec de Benito Juárez y Erwin Javier Castelán Enríquez, de Coacoalco, así como de 40 funcionarios más.

Los implicados incumplieron una sentencia del juicio de amparo interpuesto por una ciudadana a quien no se reparó el daño causado en una de sus propiedades por una obra pública; el otro asunto se relaciona con el incumplimiento de un laudo laboral.

El expediente señala que el caso de Tlacotepec de Benito Juárez comenzó en 2013, cuando las autoridades municipales se apoderaron de un predio para la construcción de un campo deportivo y la propietaria se amparó. Como no era posible devolverle el lote, se ordenó la reparación del daño (cumplimiento sustituto) mediante el pago de 967 mil 397 pesos.

El ayuntamiento interpuso diversos recursos para no reparar el daño. El caso llegó a la SCJN, que ayer determinó por unanimidad la destitución del alcalde, Pablo Pérez Maceda, y de nueve regidores.

Por lo que se refiere al ayuntamiento de Coacalco, se ordenó destituir y consignar al edil, Erwin Javier Castelán Enríquez; al tesorero, Luis Manuel Solano Urbán, y la síndica municipal, Nora Luz Chávez Hernández, además de regidores y al anterior presidente municipal y a integrantes de su cabildo.

A los acusados se les imputa la falta de pago de más de 4 millones 120 mil pesos a un ex empleado que interpuso una demanda laboral y obtuvo una sentencia favorable en 2012.

El lunes la SCJN ordenó la destitución del presidente municipal y del cabildo de Paraíso, Tabasco. A estas resoluciones se suma una de noviembre pasado, cuando la Corte ordenó la destitución y consignación de los ex jefes delegacionales de Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, Israel Moreno y José Manuel Ballesteros, por incumplimiento de un laudo laboral.