El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la destitución y consignación del primer regidor y presidente municipal de Paraíso, Tabasco, Bernardo Barrada Ruiz, y su cabildo, integrado por el segundo al décimo regidor, así como sus directores de Programación y Finanzas.

También ordenó que sean sometidos a juicio penal el anterior alcalde y 10 ex regidores que integraban su administración en 2013-2015, ante el juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal, en el estado de Tabasco, por el incumplimiento de un dictamen emitido en 2012, el cual establece el pago de casi 40 millones de pesos a 23 empleados, monto que se ha acumulado.

Ignoraron requerimientos

Todos ignoraron en varias ocasiones los requerimientos del juzgado primero de distrito de la entidad para cumplir la sentencia de amparo otorgado a los empleados.

En su ponencia, el ministro José Ramón Cossío Díaz señaló que la actual administración municipal sólo ha realizado pagos parciales que constituyen alrededor de 1.8 por ciento del total de lo adeudado, ni siquiera la tercera parte a una parte mínima del débito, ya que a cada trabajador le corresponde pagos que oscilan entre uno y 13 millones de pesos, como se advierte en lo establecido por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje.

También argumentó que a pesar de una enorme cantidad de requerimientos, tampoco se ha llevado a cabo la resintalación de los trabajadores ni el pago total a cada uno.

Es en ese sentido, agregó que solicitaron en términos de los puntos resolutivos, la destitución de dichos funcionarios.

El 30 de agosto de 2013 el juez primero de distrito del centro auxiliar de la octava región, en apoyo a las labores del juzgado de Tabasco, dictó sentencia respecto del amparo directo 2745/2012, en la cual resolvió sobreseer el acto reclamado del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado de Tabasco y conceder el amparo para que la autoridad responsable diera inmediato cumplimiento al laudo emitido el 29 de agosto de 2005, consistente en la reinstalación de los quejosos.