El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción exhortó a la Procuraduría General de la República (PGR) informe el estatus de las investigaciones relacionadas con los presuntos sobornos entregados por la empresa brasileña Odebrecht para obtener contratos para construcción de instalaciones petroleras.

De forma unánime, aunque con observaciones de la Secretaría de la Función Pública, se requirió informes que no pongan en riesgo las investigaciones.

Durante la sesión del Comité Coordinador, la presidenta Jaqueline Peschard –quien se despidió por ser la última sesión en la que participaba– señaló que desde diciembre de 2016 la PGR inició las investigaciones tras el reconocimiento de la empresa de haber entregado 10.5 millones de dólares a funcionarios mexicanos con el fin de obtener contratos, Mencionó que en octubre de 2017, en vísperas de renunciar al cargo, el procurador General de la República, Raúl Cervantes, anunció que las investigaciones estaban prácticamente terminadas, pero desde entonces la dependencia no ha informado nada más.

Ante esta situación, Peschard mencionó que los integrantes del Comité de Participación Ciudadana –representación social que participa en el SNA– acordaron promover en el seno del Comité Coordinador de éste la aprobación de un exhorto que permita conocer la situación que prevalece al respecto, ante la ausencia total de información de la PGR.

Por ello se requirió el estatuto procesal en que se encuentra a efecto de conocer si la investigación sigue abierta o , en caso de ya haberse concluido, en que carácter se encuentra.

Con el respaldo unánime de los integrantes –Auditoría Superior de la Federación, Consejo de la Judicatura Federal, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y la Secretaría de la Función Pública– se aprobó el exhorto con observaciones de la titular de esta última dependencia, Arely Gómez, quien presentó un voto concurrente.

Si bien votó a favor porque es deseable que la sociedad cuente con la información sobre el estado procesal del caso, pero concurrente en tanto que es importante señalar las circunstancias de fondo y forma con las que no coincido. Entre sus objeciones de forma destacaron que el exhorto debe referirse a un caso en concreto, es decir, delimitar con claridad el caso que requiera una aclaración, que en la solicitud remitida por el Comité de Participación Ciudadana únicamente se refiere con el nombre comercial de una persona moral, que no necesariamente identifica, para efectos legales, los casos concretos que podrían ser señalados en los expedientes.

Asimismo, debe solicitarse en relación con un delito o hecho en materia de corrupción, tales como los delitos descritos en el Código Penal Federal, los cuales, es indispensable señalar, en este momento permanecen como no vigentes, en tanto no se designe al Fiscal Especializado (Anticorrupción. De igual forma consideró que existía la necesidad de fortalecer la fundamentación y motivación del exhorto.