Al dar entrada a la controversia constitucional en contra de la Ley de Seguridad Interior (LSI) interpuesta por la síndica de San Pedro Cholula, Puebla, el ministro instructor, Jorge Mario Pardo Rebolledo, resolvió notificar a las cámaras de Diputados y Senadores, así como al Ejecutivo federal, señalados como autoridades responsables en la demanda, para que rindan los informes correspondientes y manifiesten lo que a su interés convenga en un plazo de 30 días hábiles.

Requirió también al Congreso de la Unión para que, al contestar la demanda, envíe a la Suprema Corte de Justicia de la Nación copia certificada de los antecedentes legislativos de la norma general impugnada, y al Ejecutivo para que en el mismo plazo exhiba un ejemplar del Diario Oficial en donde conste su publicación. De no cumplir con lo anterior, se les aplicará una multa.

En el acuerdo se ordena dar vista a la Procuraduría General de la República, con copia simple de la demanda y sus anexos, para que hasta antes de la celebración de la audiencia de ley manifieste lo que a su representación corresponda.

En cuanto a la solicitud de suspensión planteada por el municipio, el ministro instructor señaló que no ha lugar a concederla, por lo que la ley continuará vigente, ya que sólo solicitaron otros actos que no tienen relación con la misma.