on la novedad de que en 2017 los salarios contractuales tuvieron la mayor caída real –ya descontada la inflación– en las últimas dos décadas, y la información no la aporta J.J. Rendón, sino la propia estadística del gobierno peñanietista.

La información dice así: En términos nominales, los salarios contractuales subieron 4.4 por ciento el año pasado, pero la tasa de inflación en el mismo periodo fue de 6.7 por ciento, de tal forma que al descontar el índice de la inflación tal ingreso registró una contracción de 2.3 por ciento en términos reales. Dos décadas atrás, en 1997, los salarios tuvieron una reducción real de 2.1 por ciento, según los datos históricos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (La Jornada, Julio Reyna Quiroz).

Así es: más empleo formal, pero con ingreso cada vez más precario. Oficialmente, en el transcurso del presente gobierno (del primero de diciembre de2012 al 31 de diciembre de 2017) se han dado de alta en el IMSS 3 millones 123 mil 519 trabajadores más. Sin embargo, las plazas laborales corresponden, principalmente, a los menores rubros salariales, mientras se han reducido las de rangos de mayores ingresos.

Como bien detalla el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), a lo largo de la administración peñanietista el número de plazas registradas en el IMSS creció de la siguiente manera: hasta un salario mínimo, 15.5 por ciento del total; de uno a dos mini ingresos, 21.7 por ciento; entre dos y tres, 3.3 por ciento; entre tres y cinco, se reportó una baja de 9.6 por ciento, y de cinco en adelante hubo un desplome de 30.6 por ciento. Además, se presentó un incremento de 44.2 por ciento en el rubro de no identificados, así como una caída de 13.4 por ciento en el número de personas que no recibe ingresos.

De acuerdo con el análisis del IDIC, del que se toman los siguientes elementos, las entidades federativas con los mayores rezagos estructurales del país (Chiapas, Oaxaca y Guerrero) encabezan la lista de pobreza (77, 70 y 64 por ciento de su población, respectivamente), lo cual coincide con los estados de la República que mantienen una mayor proporción de personas ocupadas sin ingresos o con ingresos de hasta un salario mínimo, al igual que los porcentajes más altos informalidad laboral (82, 81 y 80 por ciento, en cada caso).

Los resultados económicos han privilegiado la generación de un entorno que ha sido catalogado como estable, pero donde las condiciones generales de su mercado laboral no reflejan el nivel de bienestar que debería alcanzar la economía número 15 del mundo. El modesto crecimiento económico ha marcado el contexto bajo el cual las oportunidades laborales de altos ingresos para los trabajadores se han reducido, al tiempo que las prestaciones sociales han retrocedido, orillando a la población a ocupaciones con menores salarios y en condiciones poco favorables o de informalidad.

En una economía en la que 62 por ciento de la población ocupada no cuenta con acceso a instituciones de salud (seguridad social) y 42 por ciento tiene un ingreso laboral inferior a la línea de bienestar mínimo, existe un vórtice de precariedad laboral que vulnera la consolidación de un mercado interno sólido y la estabilidad del tejido social. ¿Puede ser estable una economía con estas condiciones en su mercado laboral?

La informalidad y los bajos salarios permiten entender por qué, aun cuando ha existido un escaso crecimiento de la economía, la tasa de desocupación se mantiene en bajos niveles. Ello tiene un efecto permanente sobre la capacidad de consumo de la población, fruto de la disminución del poder adquisitivo de sus salarios y de no recibir las prestaciones laborales mínimas necesarias.

Tal situación genera un círculo vicioso de precarización social, afectando también al crecimiento económico de México, restringiendo el desarrollo del mercado laboral formal al generar un entorno paralelo, en donde existen condiciones salariales y de prestaciones frágiles. Los bajos salarios no sólo están vinculados con la situación de pobreza; la informalidad es otro ángulo de la precariedad laboral.

La magnitud de la población en condiciones de informalidad es más de la mitad de la ocupación, casi 30 millones de personas, es decir, 57 por ciento del empleo se encuentra fuera de la formalidad y en algunos estados del país la cifra llega a ser superior a 80 por ciento, lo cual explica por qué más de la mitad de las personas ocupadas no tiene acceso a seguridad social y que dos de cada cinco personas ocupadas mantengan un ingreso que no le permite alcanzar un bienestar mínimo.

Lo delicado es que este contexto se presenta en un entorno económico que no refleja un indicio de crisis, por lo que más bien evidencia es una realidad estructural del mercado laboral. El círculo vicioso queda explicado por el aumento del empleo precario, es decir, aquel desempeñado tanto en la economía informal como por aquel realizado sin recibir las prestaciones sociales mínimas de bienestar.

Si bien podría pensarse que, en una primera etapa, este tipo de empleo permitió que los trabajadores encontraran una fuente de ingresos con el cual mantener a sus familias, en el largo plazo las implicaciones a nivel macroeconómico son negativas, debilitando la capacidad de un mercado interno sólido.

La alternativa a esa problemática se encuentra en el crecimiento económico, la inversión, el aumento del consumo privado y la generación de empleo con mayores salarios y mejores prestaciones, lo cual puede ser alcanzado de manera sostenible sólo mediante el incremento de la productividad.

La cuestión aquí es que dichas variables sintetizan la debilidad de la política económica mexicana durante las pasadas tres décadas: no ha existido un periodo durante el cual se pueda mantener una dinámica vigorosa que no sea precedida o no termine en una recesión económica o bien periodos prolongados de crecimiento de sólo 2.5 por ciento.

Todo ello, desde luego, en el sexenio del empleo y la recuperación salarial (EPN dixit).

Las rebanadas del pastel

Dice el inquilino de Los Pinos que la primera responsabilidad de un gobernante es cumplir y hacer cumplir la ley; por eso, con la delincuencia organizada no puede haber perdón ni olvido, ni borrón y cuenta nueva; dejar hacer y dejar pasar es fallar a la sociedad y traicionar al país. Y a lo lejos se escuchaban los aplausos de César Duarte.

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D.R. cfvmexico_sa@hotmail.com