espertar a una condición insoportable puede ser fuente de depresión y angustia, pero es también oportunidad de liberación y forma de sanar.
Dos jueces federales acaban de echar abajo un mapa electoral tramposo en Carolina del Norte, Estados Unidos, gracias al cual los republicanos, con la mitad de los votos, obtuvieron 10 de 13 delegados. Pusieron plazo perentorio para arreglar el desaguisado. Cunden ya iniciativas para extender el remedio para éste y otros males del sistema electoral estadunidense, pero no será viable aplicarlo antes de las elecciones intermedias de noviembre, que se realizarán con graves deficiencias. Si bien esto era conocido hace tiempo, para mucha gente fue un despertar brusco.
Si jueces mexicanos pudieran y quisieran hacer algo semejante entre nosotros descalificarían tan gravemente el proceso que no podría tener lugar.Pero no lo harán. Las elecciones se efectuarán bajo condiciones amañadas, tramposas, fraudulentas. A pesar de interminables reformas, nuestro sistema electoral sigue siendo un dispositivo despótico y tramposo. La larga lucha de la oposición política para desmantelarlo sólo logró hacerla cómplice del mecanismo.
El caso de las candidaturas independientes a la Presidencia de la República hizo evidente la situación. La experiencia de estos meses ha sido un doloroso baño de agua fría para quienes lucharon por ellas como opción ante la corrupta y antidemocrática partidocracia.
Sabemos hoy, sin lugar a dudas, que quienes formularon las normas para el registro de candidaturas independientes y quienes son responsables de organizarlo son personas con profundo desconocimiento del país a cuyo servicio supuestamente se encuentran. Demuestran incompetencia, mala fe o las dos cosas y son, además, claramente racistas.
En Estados Unidos hay decenas de millones de ciudadanos excluidos del procedimiento electoral. La exclusión tiene claras líneas de color y de género. Sigue esas mismas líneas la exclusión de millones de electores mexicanos del procedimiento establecido para registrar candidaturas independientes.Carecen de las condiciones materiales y técnicas necesarias para cumplir los requisitos que se establecieron. Los correctivos aplicados, por recursos legales y presiones políticas, muestran tanto alejamiento de la realidad como incompetencia y mala fe de los funcionarios electorales. Si alguno honesto y sensato quedara por ahí, es difícil imaginar cómo logra dormir en estos días.
En vez de facilitar la participación ciudadana, como es su obligación legal, la han convertido en una difícil carrera de obstáculos, en la que no pueden participar todas y todos los que se interesan, por lo que se violan sus derechos.
En un sentido muy preciso, esto significa ya un primer triunfo para la propuesta del Congreso Nacional Indígena y los zapatistas. Como anunciaron con claridad al constituir el Concejo Indígena de Gobierno y nombrar a su vocera, María de Jesús Patricio, Marichuy, se trataba ante todo de entrar a la fiesta de los ricos para echarla a perder. Lo están consiguiendo. Hacen público el carácter corrupto, despótico y racista de un dispositivo que supuestamente da a la gente la posibilidad de elegir libre y democráticamente a sus gobernantes.
Se necesitarían muchas páginas para describir en detalle lo ocurrido. Un dato al 12 de enero puede ilustrarlo. Hasta ese día se habían recogido más de 4 millones de firmas. Casi todas eran para los 10 primeros aspirantes a candidaturas independientes; 38 aspirantes sólo habían recogido 0.01 por ciento del total. De los 4 millones 152 mil 124 firmas recibidas para los primeros 10, el INE sólo aceptó 2 millones 258 mil 63. Rechazó 45 por ciento.
Esto debe atribuirse, en medida importante, a la complejidad técnica del procedimiento establecido, que muchos grupos de apoyo no pudieron resolver. Pero es interesante observar contrastes que sugieren también otros factores. El INE aceptó 95 por ciento de las firmas recogidas para María de Jesús Patricio, muchas de ellas bajo fuertes limitaciones materiales y técnicas en comunidades indígenas. Pero aceptó menos de 10 por ciento de las firmas de algunos de los aspirantes más avanzados y apenas 55 por ciento de quien va en primer lugar. Los dos aspirantes más adelantados obtuvieron más de 60 por ciento de las firmas recogidas por todos los aspirantes, pero el INE les rechazó 40 por ciento, a pesar de que recogieron la mayor parte de ellas en grandes centros urbanos, como Monterrey y Guadalajara, con inmenso despliegue de recursos económicos y operativos.
Un aspecto del proceso actual apenas ha sido visto. Muchos grupos de apoyo
creados para respaldar a Marichuy ya no quieren llamarse así. No desean verse como colectivos que sólo existen para apoyar algo o a alguien. Tras experimentar su autonomía y capacidad de autogobierno, quieren seguir existiendo en esa condición más allá del 12 de febrero y de la tarea de recoger firmas. Seguirán juntas, juntos, en sus propios contextos, por sus propios motivos. Seguirán dando visibilidad pública e importancia política a los conflictos que padecen directamente o a los de otros grupos de su región y serán expresión del impulso de organización desde abajo que se va extendiendo.
Eso buscaba la propuesta. Lo está logrando, paso a paso, apenas a dos meses de haber empezado. Como dice Marichuy: Nuestra propuesta somos ustedes
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