l conflicto entre los gobiernos federal y del estado de Chihuahua ha escalado hasta posicionamientos inéditos en cuanto a su contenido pero, sobre todo, particularmente delicados en el contexto de un proceso electoral cargado de riesgos.

Ayer, en la Plaza del Ángel de la ciudad de Chihuahua, Javier Corral Jurado avanzó en la automodelación de su figura como líder nacional de la oposición desde la derecha, virtualmente la segunda carta más notable del panismo en estos momentos y, en ese sentido, un proveedor de bonos electorales a corto y mediano plazos para el candidato presidencial de Acción Nacional, Ricardo Anaya, con quien mantiene una sólida alianza.

En un golpe de audacia que inevitablemente tendrá respuestas (cuando menos proporcionales) del PRI-Gobierno, Corral Jurado saltó desde la difícil realidad de su gobierno local hasta habilitarse una dimensión de lucha y movilizaciones de corte nacional e internacional. Ya instalada desde días atrás en un punto alto, la batalla de Chihuahua contra Los Pinos tuvo un desenvolvimiento dominical hacia comités nacionales de apoyo, presión en Estados Unidos a consulados mexicanos y a políticos del vecino país para que se deporte al ex gobernador corrupto César Duarte Jáquez, y una marcha por la dignidad, desde Ciudad Juárez hacia Ciudad de México, para impulsar la mencionada demanda carcelaria y la segunda exigencia de la administración corralista, la pronta entrega de más de 700 millones de pesos que le han sido retenidos como represalia, asegura el panista, por las denuncias que desde aquella entidad norteña se han hecho respecto a triangulaciones de dinero federal hacia campañas electorales priístas en 2015.

Vistas en abstracto, ambas banderas de la lucha corralista son justas. César Duarte Jáquez debe estar en la cárcel, como otros de sus congéneres (Javier Duarte, Roberto Borge, entre los casos más recientes), pues saqueó a fondo las arcas estatales y, hasta hoy, el gobierno de Enrique Peña Nieto se niega (con absoluto tufo cómplice) a solicitar que sea extraditado por Estados Unidos. Y el erario chihuahuense debe recibir con celeridad los centenares de millones de pesos que tramposamente le retuvo la maquinaria federal de Hacienda, con evidentes propósitos de castigo al gobierno estatal rebelde, a sabiendas de los graves problemas o colapso que puede provocar dicho escamoteo.

La lucha chihuahuense, sin embargo, aterriza necesariamente en las pistas de lo electoral, con un reloj en la torre de control que marca el primer domingo de julio como punto clave. Los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional han compartido durante largos años los asientos de esos centros de entendimiento electoral y político, en especial Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, en el 2012, dando el segundo vía libre al primero para que ocupara la casa presidencial. En reciprocidad, se esperaba que desde 2017 fuese instalada la candidatura conyugal de Margarita Zavala para un intento de alternancia no sólo entre partidos (el prianismo) sino entre facciones de estos partidos (el peñismo y el calderonismo).

Sin embargo, el dirigente de Acción Nacional, Ricardo Anaya, fue rompiendo acuerdos y perspectivas ajenas, maniobrero hasta hacerse de la candidatura presidencial y entrando en un conflicto, con fuertes enconos personales, con el actual ocupante de Los Pinos, Peña Nieto, en cuyo entorno se considera a Anaya como un traidor.

A pesar de que, con fundada razón, suele hablarse del prianismo, y de que a nadie debería sorprender que a fin de cuentas el peñismo y el anayismo llegaran a acuerdos fríos, en función de frenar al puntero en la lucha por la sucesión presidencial, Andrés Manuel López Obrador, lo cierto es que la reyerta entre esos dos grupos ha ido subiendo de tono, hasta llegar al plan de lucha nacional e internacional que ayer dio a conocer el virtual candidato presidencial panista, Ricardo Anaya.

Orador de vehemencias que a sus malquerientes les parecen absolutamente teatrales, especialista en navegar entre las aguas de las denuncias sonoras y los arreglos pragmáticos para continuar haciendo política desde cargos legislativos o nombramientos partidistas, Corral Jurado está bajo la metralla mediática derivada genuinamente de la difícil situación de su estado (sumido éste en una espiral de violencia criminal, que podría ahora ser incentivada para obligarlo a que se reconcentre en sus obligaciones primarias, las estatales, e incluso con grave riesgo de provocaciones y desestabilización mayúsculas) y, desde luego, algunas de esas acometidas periodísticas, facilitadas por los incentivos y promociones provenientes de Los Pinos.

El tamaño de las traiciones que en el círculo peñista atribuyen a Anaya y a Corral pero, sobre todo, la dimensión y consecuencias de la develación judicial del tema del uso de dinero público para campañas electorales priístas (con los secretarios federales de hacienda como ignorantes, imperitos o cómplices de esos movimientos administrativos fraudulentos), ha precipitado a Peña Nieto a declarar que los movimientos del gobernador chihuahuense más bien parecen políticos y electorales, a PPMid a acusar de manera descuadrada a Corral de torturador y mentiroso, y, ayer, a la subsecretaria federal de Hacienda, Vanessa Rubio, la operadora de Meade en la SHCP, a usar el atrevido término de extorsión para referirse a las movilizaciones corralistas. Todo, con la sucesión presidencial como escenario definitorio. Una sucesión que está generando demasiados ánimos violentos.

Y, mientras Javier Lozano Alarcón, ahora miembro del equipo del candidato priísta a la Presidencia, hace saber que nunca fue vocero de la candidatura de Francisco Labastida Ochoa en 2000, y en tanto los dirigentes del PRI niegan haber contratado a J.J. Rendón, el venezolano especializado en guerra sucia en campañas políticas, quien ha dicho que hará lo legalmente posible para cerrar el paso a AMLO, ¡hasta mañana!

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