a noción de cambio en la Iglesia católica siempre ha sido diferente de la que se tiene en los ámbitos de la política laica. La misión evangelizadora de largo plazo que la institución eclesiástica vaticana se atribuye determina que sus medidas transformadoras sean tan alambicadas y paulatinas, que fuera de ella parece que nada cambia sustancialmente, aparte de algunas sutilezas teológicas que sólo entienden los iniciados. Y cuando tiene lugar un cambio, éste no suele rebasar los límites del pensamiento conservador que habitualmente se atribuye –casi siempre con razón– a la jerarquía vaticana.

Por obvias razones, el sector que sigue más de cerca el pensamiento de la Iglesia de Roma y sus derivaciones políticas es la propia grey católica, que tiene en el Papa al máximo representante de su fe. En este sentido, aunque ya no se habla mucho de la infalibilidad del Papa (dogma católico promulgado en el Concilio Vaticano I de 1870), millones de creyentes celebran las decisiones que el pontífice toma en materia religiosa, social y de cualquier otro tipo, aunque desde el punto de vista laico aquéllas puedan ser éticamente cuestionables.

Por ejemplo, aunque el tema todavía sigue siendo objeto de debate, no hay muchas dudas acerca de la actitud prescindente (silencio cómplice, le dicen muchos historiadores) que el papa Pío XII mantuvo frente al nazismo, pese a que éste no constituía precisamente un dechado de valores morales. Y sin embargo, la verticalidad de la Iglesia institucional que respaldó al jefe del catolicismo no fue impugnada o al menos cuestionada por la feligresía católica, como antes no lo había sido la apostólica bendición enviada por el Papa al caudillo ultraderechista Francisco Franco en 1939.

En épocas más recientes (en concreto, abril de 1987) Juan Pablo II, de visita en Santiago de Chile, se asomó sucesivamente a tres balcones del palacio presidencial de La Moneda –donde 13 años antes había sido asesinado Salvador Allende– en compañía del entonces dictador en funciones Augusto Pinochet, quien levantaba los brazos triunfalmente detrás del pontífice. Pero tampoco en esta ocasión se alzaron, en los espacios de influencia eclesiásticos, voces que objetaran la postura papal, aduciendo que había mantenido una (muy fugaz) reunión con familiares de detenidos y desaparecidos.

La actitud adoptada desde su asunción al cargo por el nuevo papa Francisco difiere de la de sus antecesores. Pueden atribuirse distintos alcances a sus declaraciones (es decir, pensar que tendrán o no efectos prácticos); pero las mismas apuntan en dirección opuesta a la de aquéllos: sus pronunciamientos contra la acumulación de riqueza, su énfasis en la necesidad de terminar con la pobreza y sus críticas a las sociedades mercantilizadas tienden a desautorizar, al menos verbalmente, los sistemas establecidos de dominación político-económica.

El nuevo discurso papal puede no tener el poder de modificar la realidad, puede obedecer a una mera estrategia de adaptación de la Iglesia institucional, o puede contener ambas cosas a la vez; pero sin duda no es bien recibido entre los sectores de poder que antes aceptaban sin chistar (y más aún, de buen grado) las declaraciones y las actividades pontificias. Sólo que ahora, sugestivamente, un sector amplio de la comunidad católica no sólo disiente del líder de la grey, sino que lo repudia y lo amenaza.

Precisamente en Chile, donde no hubo reclamos por el apoyo papal a un dictador que tomó el poder por la fuerza y en favor del privilegio, la inminencia de la visita del actual representante de Roma ha desatado una serie de atentados con explosivos y hasta una amenaza le formularon, acompañada de un confuso pronunciamiento pretendidamente libertario. Perspicaz, la presidenta chilena Michelle Bachelet calificó los hechos y el comunicado de muy extraño y difícil de identificar.

La historia, sin embargo, da varias pistas sobre la orientación de los descontentos.