En México no se ha impulsado la cultura para el aseguramiento del patrimonio inmobiliario de particulares, no obstante la gran cantidad de pérdidas económicas y materiales ocasionadas por desastres naturales como sismos y huracanes.

Entre los años 2000 y 2015 el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) reportó daños en 1 millón 279 mil 678 viviendas por ese tipo de desgracias naturales, mientras que el número de casas habitación afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017 sumó 231 mil 341.

Esto propició que en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se presentara una iniciativa de reforma a 10 leyes en materia de protección civil para otorgar garantías a los afectados por fenómenos naturales en la recuperación íntegra de sus patromonios.

La propuesta es en las leyes General de Educación, Ley del Servicio Militar, Ley Federal del Trabajo, Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Ley General de Protección Civil, Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, Ley sobre el Contrato de Seguro, Código Penal Federal, Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, y Código Civil Federal y en materia de Protección Civil y se deriva por los derrumbes de inmuebles en Ciudad de México –algunos de construcción reciente– se da como consecuencia del sismo del 19 de septiembre.

Esos eventos pusieron de relieve vacíos legales, que es necesario llenar para mitigar las vulnerabilidades y los riesgos, específicamente en la protección de vidas humanas y de su patrimonio, así como castigar a quienes atentan contra esos bienes preciados por una sociedad.

La propuesta surgió de las filas del PRI en la Cámara de Diputados e incluye una crítica a las reglas con las que opera la reconstrucción: en los últimos años nos hemos enfocado más en la parte reactiva que en la proactiva, principalmente en términos de costos económicos por daños causados al patrimonio público y privado. Por ejemplo, los desastres naturales y atípicos en nuestro país originaron daños y pérdidas por 61 mil 9 millones de pesos en 2013, cifra superior 203 veces al presupuesto anual del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (Fopreden) de ese año, que ha sido el tercero con mayores daños y pérdidas desde 1980.

El Congreso plantea que los ciudadanos tengan oportunidad de recibir formación en aspectos relacionados a la protección civil en todos los ámbitos en los que ésta incide, para consolidar una cultura tanto de prevención como de reacción y gestión de riesgos y se aminoren las pérdidas económicas.

Lo importante es que la gente pueda estar preparada en términos de los protocolos de actuación frente a eventos peligrosos, emergencia o desastre, de acuerdo con sus capacidades y competencias, de forma que puedan involucrarse en las brigadas de auxilio en coordinación con las autoridades competentes, esto con la certeza de saber lo que les corresponde hacer y de qué manera pueden auxiliar u orientar a quienes lo requieran.