Un tribunal colegiado determinó el pasado jueves que la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas (Febpd), de la Procuraduría General de la República (PGR), debe rehacer sus investigaciones sobre la desaparición forzada de un hombre, ocurrida hace casi tres años en Tamaulipas, en el contexto de una sentencia en la que el Poder Judicial cuestionó por primera vez los errores de dicho organismo al investigar este tipo de delitos.

Guillermo Naranjo y Pablo Landero, abogados de la organización de litigio estratégico Idheas, recordaron en entrevista que el caso se refiere a la desaparición forzada de Francisco Herrera Rivera, ocurrida el 24 de febrero de 2015 en la ciudad de Tampico, al parecer a manos de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Al notar la ausencia de su ser querido, su pareja y sus familiares comenzaron a buscarlo y notaron que el sistema de posicionamiento global de su teléfono (GPS) marcaba su ubicación en la sede del 15º batallón de infantería, cuyo responsable –el comandante Jesús Alejandro Adame Cabrera– les permitió pasar únicamente al área de patios, pero negó saber del destino de la víctima.

Pocos días después, y sin que al parecer mediara ninguna investigación sobre el tema, ese mismo mando militar sugirió en un informe que Francisco Herrera estaba relacionado con un grupo delictivo local.

Luego de asumir la representación de los familiares de la víctima, Idheas pidió a la Febpd que asumiera la investigación, a lo cual se negó dicha instancia. Ante ello, la organización civil interpuso un juicio de amparo el 8 de marzo de 2017, y aunque la fiscalía aceptó hacerse cargo del tema, abordando como línea principal la participación del Ejército, el colectivo fue más allá y pidió que se analizara toda la investigación de la PGR.

Tras estudiar el tema, el juzgado sexto de distrito, con sede en la Ciudad de México, determinó que la procuraduría no había hecho una indagatoria adecuada en el caso de Herrera, pues no había realizado las diligencias básicas para dar con el paradero de la víctima, pero tampoco para señalar y castigar a los responsables.

Por considerar que el juez estaba interfiriendo con sus facultades, la Febpd se inconformó con la sentencia, pero el jueves anterior el cuarto tribunal colegiado confirmó la validez del fallo del juez de distrito y ordenó que la PGR reformulara su investigación y definiera posibles hipótesis sobre los responsables del delito.

Los abogados de Idheas destacaron que esta es la primera vez que se cuestiona a fondo la manera en la cual la PGR investiga los casos de desaparición de personas, y que este fallo podría ser invocado por otras víctimas, para exigir un estándar mínimo de búsqueda y de investigación sobre los culpables de estos crímenes.