as cabañuelas anuncian malos tiempos para los pueblos indígenas. Concebidas como formas populares de leer los tiempos que se avecinan, con base en la observación de diversos fenómenos meteorológicos, las cabañuelas representan maneras particulares de personas especialistas de los pueblos indígenas de diversas partes del mundo de leer el futuro inmediato a través de la información que los tiempos van marcando. En México y Centroamérica se acostumbra observar los primeros doce días del año, uno por cada mes, y según lo que suceda en ellos predecir cómo se comportará el tiempo en cada uno de los meses del año. Desafortunadamente las lecturas que muchos de ellos han hecho de los primeros días del año que comienza no auguran tiempos buenos.
Si uno se atiene sólo a los nubarrones, ventiscas y faltas de lluvia, podría decir que habrá pocas cosechas y la sequías impedirán mantener la ganadería doméstica, dos actividades importantes para la alimentación de los habitantes de los pueblos indígenas y de los campesinos en general; los políticos dirán que esta situación es producto del cambio climático, haciendo referencia a los efectos y no a la causa generadora de estas contingencias; los pueblos, en cambio, aseguran que esa situación se presenta por el maltrato a la madre tierra, por el abuso que se hace de los recursos naturales que ella proporciona para mantener la vida y que se están usando para alimentar el mercado. Por poner un ejemplo: la falta de agua es producto de la deforestación y la que existe se destina a proyectos extractivistas más que para el mantenimiento de la vida.
Pero existen otros elementos que auguran tiempos difíciles. Estos primeros doce días del año que inicia los pueblos indígenas han sufrido una represión gubernamental que ha cobrado la vida de varios habitantes y la libertad varias decenas de ellos, sin contar las amenazas a la vida y la libertad que penden sobre otros, sucesos que han enlutado a muchas familias y teñido con sangre los territorios indígenas. En este mismo espacio he afirmado que tras las políticas indigenistas, desde su formación hasta la fecha, el Estado mexicano ha sostenido una guerra de exterminio contra los pueblos indígenas, incluyendo bombardeos sobre ellos: los yaquis, en 1927; los triquis, en 1957 y los mayas de Chiapas, en 1994, de los que ahora recuerdo.
Con esos antecedentes no debería sorprender que desde el Estado se siga reprimiendo a los pueblos que defienden sus derechos. Pero no se puede pasar por alto que la represión con que inició el año se presenta en lugares donde la resistencia a las políticas gubernamentales que los afecta está resultando emblemática y en ellas se han combinado una serie de acciones políticas y policiacas con la participación de políticos con el fin de dividir a las comunidades y presentarla como enfrentamientos intercomunitarios, así como elementos del Ejército para que a los pueblos les quede claro que la represión va en serio. Una muestra de lo que les espera cuando se resuelvan las controversias que se han anunciado contra la repudiada Ley de Seguridad Interior.
Lo anterior no es palabrería. Ahí está el caso de la provocación y posterior criminalización de la Policía Comunitaria en Cacahuatepec, Guerrero, cuyos habitantes, organizados en el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la construcción de la presa La Parota (Cecop) llevan años de resistencia, en cuya acción perdieron la vida once personas y treinta y ocho fueron detenidas, en una de las acciones de represión más agresivas contra el Sistema de Justicia Comunitaria que se recuerden en sus veintidós años de existencia. Ahí está también el conflicto territorial entre Chenalhó y Chalchihuitán, al que desde el gobierno se administra más que buscarle solución; ahí están los yaquis de Loma de Bácum, tratados como criminales por defender su territorio y los mayos de Cohuirimpo, por las mismas razones.
Sin embargo, eso no es todo. Desde la Secretaría de Gobernación, la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas ha documentado 335 conflictos que involucran a pueblos indígenas en veintinueve entidades de la República Mexicana, la mayoría por defensa del territorio y de los recursos naturales. Si el gobierno ya tiene el diagnóstico lo que procedería es el diseño de políticas públicas que atiendan las causas de ellos para encontrarles solución y no convertirse en parte del problema, únicamente por el interés de mantenerse en el poder. Sería una manera de atender los avisos de las cabañuelas indígenas. Y una forma efectiva de informar que los pueblos indígenas y la sociedad en general todavía pueden confiar en el gobierno para solucionar los problemas sociales.
