La decisión tomada en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para atraer el amparo interpuesto por indígenas zapotecos contra la instalación de un parque eólico en su territorio es un señal positiva que puede echar luz sobre la violación cotidiana del derecho de los pueblos originarios a ser consultados antes de la puesta en marcha de un megaproyecto.

Así lo afirmó Ricardo Lagunes, abogado de los grupos que promovieron el amparo, quien lamentó que el proyecto Eólica del Sur cuente con el apoyo de las más altas autoridades de la República Mexicana, incluido el presidente Enrique Peña Nieto, a pesar de las violaciones cometidas por los responsables de dicha iniciativa al derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa, libre e informada.

En entrevista con La Jornada, el litigante recordó que el amparo fue solicitado en septiembre de 2015 por más de mil indígenas zapotecos avecindados en la región del istmo de Tehuantepec al Juzgado Séptimo de Distrito –con sede en Salina Cruz, Oaxaca– el cual en un primer momento les otorgó la suspensión definitiva del proyecto de energía eólica.

Sin embargo, al ser removido el juez que emitió esa primera sentencia, su sucesor dio un vuelco de 180 grados a la forma en que se había analizado el tema hasta entonces, y en junio de 2016 ordenó desechar la petición de los inconformes.

La defensa del Estado y de la empresa que promovió el parque eólico arguye que ya se consultó a la población y que ésta dio su consentimiento, pero nosotros afirmamos que los permisos otorgados por las secretarías de Medio Ambiente y de Energía se otorgaron antes de que se iniciara cualquier tipo de consulta a la población, indicó Ricardo Lagunes.

El representante legal de los indígenas puntualizó que Eólica del Sur es el mismo proyecto que antes tenía el nombre de Mareña Renovables, el cual trató de imponerse en el municipio de San Dionisio del Mar, promovido entonces por un consorcio de diversas empresas extranjeras con el objetivo de autoabastecerse de energía eléctrica para sus actividades, pero no por interés público.

La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de atraer el caso “es sumamente relevante por la trascendencia jurídica y social del caso, pues todas las reformas del sector energético han impactado de manera negativa muy fuerte en las comunidades indígenas, a las cuales el gobierno cada día opta más por no consultar con el argumento de que ‘no hay condiciones’ para ello”, manifestó Ricardo Lagunes.