Movimiento Ciudadano (MC) denunció ayer ante la Procuraduría General de la República (PGR) a José Antonio Meade Kuribreña, precandidato presidencial de PRI, PVEM y Nueva Alianza, así como a la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles Berlanga, por presunto desvío de 540 millones de pesos cuando estuvieron al frente de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), supuestamente para financiar campañas electorales.

El diputado Jorge Álvarez Máynez exigió que los investiguen por la presunta comisión de al menos ocho delitos. Entre ellos, fraude, cohecho, tráfico de influencias, ejercicio ilícito del servicio público y peculado.

Apuntó que Meade y Robles Berlanga participaron en la transacción ilegal de recursos públicos, mediante empresas fantasmas, para ser desviados a partir de proyectos que jamás se concretaron, con el propósito de financiar campañas electorales y el corporativismo electoral en lugares como Milpa Alta, donde la hija de la titular de la Sedatu, Mariana Moguel, busca una candidatura.

Manifestó que existen pruebas documentales basadas en investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de que Meade y Robles están involucrados en lo que se ha conocido como la estafa maestra.

En la denuncia, Álvarez Maynez, Verónica Delgadillo, Samuel García y Víctor Manuel Sánchez resaltaron que el 10 de enero pasado la ASF detectó malos manejos de por lo menos 540 millones de pesos por parte de la Secretaría de Desarrollo Social, al entregar, mediante convenios, recursos a tres instituciones (Universidad Intercultural del Estado de México, Universidad Politécnica de Chiapas y Universidad Tecnológica Nezahualcóyotl) en 2015, año en el que tanto Robles como Meade fungieron como titulares de la dependencia.

Aunque dichos recursos supuestamente se destinarían para identificar a personas en condiciones de pobreza extrema alimentaria, la ASF detectó que alrededor de 200 millones de pesos desaparecieron y que la Sedesol negó la existencia de algunos convenios a pesar de haberlos firmado, como consta en copias de los mismos que hallaron los auditores, y que la comprobación de los servicios convenidos es sospechosa.