Washington.

¿Por qué todas estas personas de países de mierda vienen aquí?, cuestionó el presidente Donald Trump al referirse a inmigrantes procedentes de El Salvador, Haití o de África, y se preguntó por qué no migran a Estados Unidos ciudadanos de naciones como Noruega, reportó el diario The Washington Post.

El mandatario se reunió este jueves con senadores y representantes en la Casa Blanca para hablar sobre una propuesta bipartidista que limitaría la reunificación familiar y el programa conocido como lotería de visas, a cambio de evitar la deportación de cientos de miles de jóvenes indocumentados traídos cuando eran menores de edad, conocidos como dreamers.

Las declaraciones del magnate se conocieron en medio de versiones encontradas sobre un presunto acuerdo bipartidista acerca de los dreamers, e incluso la Casa Blanca rechazó que se hubiera logrado un pacto al respecto.

¿Por qué viene toda esta gente de países de mierda aquí?, sostuvo el mandatario, quien sugirió que Estados Unidos debería dejar entrar a ciudadanos de países como Noruega, según indicaron al Post dos fuentes presentes en la reunión, que pidieron el anonimato.

Los comentarios de Trump siguieron a la explicación del senador Dick Durbin, de Illinois, sobre algunos puntos de un acuerdo que seis senadores alcanzaron para proteger a 750 mil dreamers de la deportación y reforzar la seguridad en la frontera, indicaron las fuentes.

Fin a la lotería de visas

Durbin expuso que como parte de la propuesta se pondría fin a la lotería de visas que ha beneficiado a personas de varios países africanos y de otras regiones. A cambio, dijo que se le permitiría a la gente que huyó de desastres en sus naciones de origen –incluidos salvadoreños, guatemaltecos y haitianos– quedarse en Estados Unidos.

Entonces Trump cuestionó por qué Estados Unidos querría admitir a más personas que provienen de Haití. También mencionó a los países africanos y preguntó por qué más personas de países de mierda deberían tener permitido entrar a Estados Unidos, explicaron las fuentes.

Cuando el portavoz de la Casa Blanca Raj Shad fue cuestionado sobre los comentarios del presidente, lo defendió, aunque no negó directamente sus afirmaciones.

Algunos políticos de Washington eligen pelear por países extranjeros, pero el presidente Trump siempre peleará por los estadunidenses, subrayó Shad.

En una primera reacción a los comentarios del presidente, la Unión Americana de Libertades Civiles indicó: Trump ha sido congruente acerca del nacionalismo blanco que impulsa sus políticas de migración.

En cuanto al acuerdo bipartidista, Jason Samuels, portavoz del senador republicano por Arizona Jeff Flake, dijo que éste se logró tras negociaciones arduas que incluyeron al senador demócrata Dick Durbin, de Illinois. Se negoció durante varios meses con otros senadores a fin de prorrogar las protecciones concedidas durante la presidencia de Barack Obama, en el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).

“El grupo bipartidista del senador Flake –el único que ha estado buscando una solución al tema del DACA– ha llegado a un acuerdo”, dijo Samuels. Aún se espera la respuesta de la Cámara de Representantes.

Un portavoz de Durbin dijo a Reuters que las negociaciones para elaborar una ley de inmigración para los dreamers siguen adelante.

Poco antes, la líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, expresó su molestia porque la comisión nombrada por Trump para estudiar el tema migratorio estaba constituida por cinco tipos blancos.

Los negociadores buscan completar la propuesta y adjuntarla a un proyecto sobre el gasto, que el Congreso debe aprobar para evitar un cierre parcial del gobierno federal luego del 19 de enero.

Más tarde la Casa Blanca rechazó que se hubiera alcanzado el acuerdo bipartista.

Carta de directivos de gigantes empresariales

Previamente, más de cien dirigentes de empresas estadunidenses habían solicitado al Congreso votar una ley de protección para los dreamers. La petición, publicada en varios diarios nacionales, fue firmada por los dirigentes de gigantes como Apple, Facebook, General Motors, Coca-Cola, Amazon, Google, Uber, Intel, Gap y Hewlett-Packard.

“Escribimos para presionar al Congreso a actuar inmediatamente y adoptar una solución legislativa bipartidista que permita a los dreamers que viven, trabajan y contribuyen a la vida de nuestras comunidades, seguir haciéndolo”, piden los empresarios.

Citaron un estudio que concluye que la expulsión de estos jóvenes de Estados Unidos costaría 215 mil millones de dólares a la economía del país.

Trump anunció el fin del DACA en septiembre pasado, pero determinó un plazo de seis meses para que el Congreso trate de encontrar una salida.

El juez William Alsup, de San Francisco, ordenó el martes mantener el programa DACA a escala nacional en los mismos términos y condiciones que tenía antes de ser suprimido el 5 de septiembre de 2017.

Redadas en tiendas 7-Eleven

En al menos 100 tiendas 7-Eleven en 17 estados y el Distrito de Columbia, se llevaron a cabo redadas de inmigración, una operación en marcha que las autoridades describieron como la mayor contra un único empleador durante la presidencia de Trump.

Un alto cargo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), dijo que la operación era la primera de muchas y un indicador de lo que vendrá para los empleadores.

A diferencia de operaciones previas, las acciones del miércoles se centraron en personal administrativo, aunque 21 trabajadores fueron detenidos en distintos puntos del país ante la sospecha de que pudieran estar en el país de forma ilegal.

Los estados donde hubo redadas en tiendas 7-Eleven fueron California, Colorado, Delaware, Florida, Illinois, Indiana, Maryland, Michigan, Misuri, Nevada, Nueva Jersey, Nueva York, Carolina del Norte, Oregon, Pensilvania, Texas y Washington.

En otro asunto, estudiantes negros, latinos y de bajos ingresos en Estados Unidos acaban en escuelas con paredes arruinadas, libros viejos y maestros poco calificados, asegura un informe dado a conocer el jueves por la Comisión de Derechos Humanos.

Según el reporte, las inequidades se deben a que las escuelas son financiadas mayormente con fondos estatales y locales. Más de 92 por ciento del financiamiento proviene de fuentes no federales, de acuerdo con el Departamento de Educación.

Los autores llamaron al Congreso a crear incentivos para que los estados adopten sistemas equitativos de financiamiento, garantizar fondos adecuados para estudiantes con discapacidades y aumentar los recursos federales.

En tanto, la Cámara de Representantes aprobó la renovación de la controvertida ley que permite a las agencias locales de espionaje interceptar comunicaciones en el exterior del país.

Se trata de la polémica ley conocida como FISA Sección 702, que expira el 19 de enero y que las autoridades de inteligencia consideran esencial para descubrir tentativas de ataques o sabotajes en territorio estadunidense.

Esta normativa cobró fama al ser develada por el ex contratista de inteligencia Edward Snowden.