unque Andrés Manuel López Obrador sólo ha presentado su programa de gobierno, Proyecto 18, los grupos de presión están empezando a tomar posición en el debate sobre la salud. Así el presidente ejecutivo de la fundación privada Funsalud y el rector de TecSalud ya se han manifestado. Es significativo que básicamente vuelven a proponer la profundización del esquema de universalización de los servicios de salud
de la reforma que llevó al establecimiento del Seguro Popular a finales de 2003. El argumento es el mismo que respecto de las otras reformas neoliberales, o sea, no es que sean malas, sino que fueron frenadas. Su crítica al actual sistema público en la materia es que no ha tenido el impacto esperado en las condiciones de salud de la población; no tiene suficientes recursos financieros, materiales y humanos, y no ha incorporado adecuadamente al sector privado.
Los dos primeros argumentos son reconocidos por casi todos los expertos, pero el último no. Adicionalmente soslayan que el Seguro Popular tiene muchos otros problemas, como los fraudes, el desvío de recursos y el tráfico de influencias, los cuales se reportan casi a diario en los medios de comunicación. Tampoco abordan las restricciones graves del paquete de servicios del Seguro Popular, el CAUSES, y los pocos padecimientos incluidos en los gastos catastróficos. También omiten la propuesta de restringir los servicios médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para que sean los mismos que los del Seguro Popular.
Una línea de argumentación de los neoliberales es que los temas con un contenido técnico-científico complejo, como la salud, deben dejarse en manos de los expertos tecno-burócratas. La falacia de este planteamiento es que las políticas públicas obedecen a concepciones sobre cómo resolver los problemas que atañen a la sociedad. Son por ello políticas basadas en valores y concepciones acerca de qué es justo y equitativo. Esto significa que existen varias políticas posibles que cada una se basa en una visión sobre cómo organizar la sociedad para alcanzar los fines deseados. Actualmente, las dos concepciones principales en torno a las políticas públicas son la neoliberal y la del estado social. La neoliberal, dominante durante las pasadas décadas, postula que dejando en libertad las fuerzas del mercado se alcanzarán los mejores resultados; concepción que, sin embargo, empieza a ser cuestionada incluso por sus promotores, como el Fondo Monetario Internacional.
La concepción del estado social por el contrario sostiene que en ámbitos de los servicios sociales (salud, educación, protección económica en ausencia de un ingreso digno, etcétera) la sociedad debe asumir un compromiso con sus miembros para que tengan igual acceso a ellos y encargar al estado el papel de redistribuir la riqueza social y producir los servicios para garantizarlos en cuanto derechos sociales. Hay que enfatizar que una vez acordadas las políticas públicas los diversos contenidos técnico-científicos correspondientes se incluirán. Habría que tener presente empero que las verdades científicas por su propia naturaleza son preliminares y cambiantes y, en ocasiones, corrompidas por intereses económicos ilegítimos.
Volviendo sobre la propuesta de incluir el sector privado de salud para corregir los problemas del sistema de salud mexicano hay varias consideraciones. La primera es que, a diferencia de casi todos los países latinoamericanos, tenemos un sistema público sólido, principal prestador de servicios de salud. Tiene problemas de todo tipo, pero son solucionables si la salud fuera una prioridad del gobierno. Por otro lado, no hay evidencia de que los privados, que por su naturaleza se mueven en función de la ganancia, puedan o incluso quieran sustituir al sector público.
Quienes piensan que las soluciones privadas en salud son superiores a las públicas deberían analizar como ejemplo la suerte de Estados Unidos y Colombia en este ámbito. Las batallas por el Obamacare no sólo han revelado el carácter puramente ideológico de la posición republican que amenaza con dejar unos 30 millones sin acceso a los servicios médicos. También demostró que las fuerzas que modelaron este programa fueron las aseguradoras, la industria farmacéutica y la gran empresa médica. Por ello, el sistema de salud estadunidense sigue siendo básicamente privado en lo referido al aseguramiento, a excepción de Medicaid y Medicare y la prestación de los servicios, lo que explica sus malos resultados en salud y altísimo costo (17 por ciento del PIB). En Colombia la aplicación de un modelo semejante al del Seguro Popular llevó a la quiebra económica del sistema, grandes fraudes, el empeoramiento en el acceso a los servicios y el resurgimiento de viejas enfermedades.
