Acapulco, Gro.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que se ejercieron órdenes de aprehensión contra 25 de las 38 personas detenidas por el enfrentamiento ocurrido la madrugada del domingo pasado en el poblado La Concepción, en la zona rural de Acapulco, donde murieron seis civiles y dos policías comunitarios.

Asimismo, seis personas fueron remitidas a la Procuraduría General de la República (PGR) por el delito de portación de armas de uso restringido. En este caso, el juez los vinculó a proceso por delitos contra la salud y portación de arma de fuego sin licencia, en su modalidad de posesión simple; sin embargo, enfrentarán el proceso en libertad con medidas cautelares.

Las siete personas restantes fueron liberadas por no haber acusaciones en su contra. Se trata de detenidos por policías comunitarios, cuatro de ellos menores de edad, quienes participaban en procesos de reducación.

La dependencia explicó que a los seis comuneros recluidos desde la noche del domingo en el penal de Las Cruces, entre ellos Marco Antonio Suástegui Muñoz, vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (Cecop), y su hermano Vicente, se les acusa de robo agravado, daños a la propiedad, lesiones calificadas y tentativa de homicidio.

De las 25 personas aprehendidas, a 19 también se les acusa de homicidio calificado y fueron puestas a disposición del juez de control y enjuiciamiento penal.

La FGE informó que el lunes entregó a familiares los cuerpos de las 11 personas que murieron en los enfrentamientos.

Por separado, el gobierno estatal llamó a los policías comunitarios civiles armados del Cecop y los acusó de abrir fuego durante la operación que realizaban las fuerzas de seguridad luego del homicidio de ocho personas cometido la madrugada del domingo, lo que provocó la muerte de tres comunitarios más.

En una carta dirigida al Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, organismos civiles y la opinión pública, el gobierno del estado resumió que el pasado 7 de enero habitantes de La Concepción solicitaron auxilio debido a que Marco Antonio N y otros miembros del Cecop habían detenido, golpeado y matado a varias personas.

Añadió que debido a ello acudieron elementos de Seguridad Pública estatal, de la FGE, la Policía Federal y el Ejército Mexicano, y pobladores refirieron que entre las 2 y las 2:30 horas se suscitó un altercado en la comisaría municipal entre pobladores y civiles armados del Cecop, y dos de éstos murieron por disparos de arma de fuego.

En respuesta, un grupo de 35 personas del Cecop, al mando de los hermanos Marco Antonio y Vicente N, asesinaron a seis habitantes del poblado.

A las 11:30 horas, al terminar las diligencias ministeriales, luego de varios altercados generados por la inconformidad con la presencia de las autoridades, los civiles armados del Cecop dispararon a los elementos de la policía estatal, quienes al repeler la agresión, abatieron a tres civiles armados del consejo, señala.

Refutan al fiscal

Rodolfo Chávez Galindo, vocero del Cecop, afirmó que el fiscal Xavier Olea Peláez miente al llamar civiles armados a policías comunitarios, pues la casa de justicia La Concepción está avalada por la CRAC-PC estatal.

Sostuvo que uno de los pocos lugares de Guerrero donde no se trasiega droga es Cacahuatepec, pues ahí están el Cecop y la policía comunitaria. Advirtió que “el narcopoder quiere meterse a Cacahuatepec; está coludido con el gobierno. No quieren que exista el sistema comunitario, que busca defender el territorio y los bienes comunales”.

El representante del Cecop sentenció que desde hace 15 años el gobierno federal busca construir la presa hidroeléctrica La Parota.

Se investigará si hubo abusos: Astudillo

Sergio Ocampo y Héctor Briseño Corresponsales

Chilpancingo, Gro.

Al menos uno de los tres integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) que murieron durante la incursión policiaca-militar del domingo pasado en La Concepción, municipio de Acapulco, habría sido ejecutado a pesar de que se rindió, denunció Abel Barrera director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

Personas que estuvieron ahí informaron que Crescenciano Everardo, comandante de la Policía Comunitaria, ya estaba de rodillas y rendido, con las manos en la nuca, y está muerto. Se debe investigar a profundidad, pidió Barrera Hernández en entrevista.

“Se trató de una ejecución. Se tiene que recabar más información de los otros dos compañeros que murieron. Fue una acción desproporcionada y letal.”

Por separado, representantes de los bienes comunales de Cacahuatepec exigieron castigo para los responsables de la muerte de seis personas, la madrugada del domingo en la feria de La Purísima Concepción, horas antes de la incursión policiaca-militar, en la que perecieron tres integrantes de la CRAC.

La casa de justicia de San Luis Acatlán demandó la destitución del secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán; del fiscal estatal, Xavier Olea, y del gobernador Héctor Astudillo.

Abel Barrera sostuvo que el gobierno aplica una estrategia para dividir a las comunidades a fin de imponer el proyecto hidroeléctrico La Parota en el río Papagayo. Uno de los funcionarios del estado que ha intervenido para este efecto es César Flores Maldonado, quien ha estado en reuniones con los pueblos ofreciendo proyectos para crear división.

Pobladores de los bienes comunales de Cacahuatepec afines al Cecop denunciaron allanamiento de viviendas y decomiso de vehículos de dirigentes del movimiento en varias comunidades, entre ellas Aguacaliente y La Concepción.

Mientras, comuneros que fueron trasladados al penal de Las Cruces aseguraron que no todos los policías comunitarios detenidos el domingo llegaron a los separos de la fiscalía del estado.

Se respondió a llamado de auxilio, sostiene el gobernador

En Acapulco, el gobernador Héctor Astudillo Flores consideró que la autoridad no debe ser omisa ante hechos como los ocurridos la madrugada del domingo en el poblado La Concepción, donde murieron seis civiles y dos policías comunitarios en un enfrentamiento a balazos entre habitantes de la localidad. Horas después fueron desplegados policías estatales para desarmar a los comunitarios, tres de los cuales fueron abatidos.

En entrevista colectiva, expuso que se debe escuchar a todas las partes involucradas en el conflicto. El gobierno no podía ser omiso ante un llamado insistente al teléfono de emergencia. La fiscalía acudió cuando ya había ocurrido una tragedia, a la cual de acuerdo con la información que yo he conocido, se sumó una serie de confrontaciones con la propia autoridad, aseguró.

Destacó que la administración estatal debe cuidar que se respeten los derechos humanos de los involucrados, y aseguró que si alguien cometió un exceso deberá ser castigado.

–Solamente hay detenidos de la policía comunitaria –cuestionó un reportero.

–Pues por eso se hacen las investigaciones. La indagatoria todavía no se cierra –respondió.