Las reformas estructurales permitieron la generación récord de 3.5 millones de plazas
Miles de trabajadores accedieron al sistema de seguridad social en la presente administración
Martes 9 de enero de 2018, p. 16
México ha reducido la proporción de trabajadores informales en la presente administración: pasó de 59.5 a 56.5 por ciento, en buena medida por las 13 reformas estructurales, como la educativa, la energética y la financiera, y sobre todo la laboral –que introdujo una legislación flexible–, pues permitieron que se registrara una generación récord de plazas: 3.5 millones.
El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), José Ángel Gurría Treviño, señaló lo anterior en un encuentro que sostuvo ayer con el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida.
Gurría Treviño ratificó que la OCDE seguirá proporcionando apoyo a México para que continúe siendo ejemplo ante otras naciones, en la implantación de reformas transformadoras y modernizadoras
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Desde el punto de vista de los funcionarios, las reformas han impulsado la economía, reducido los niveles de pobreza y la tasa de informalidad laboral y, al mismo tiempo, han permitido que miles de trabajadores accedieran al sistema de seguridad social durante este sexenio.
En ese sentido, el secretario general de la OCDE detalló que en México se ha reducido la proporción de trabajadores informales a 56.5 por ciento –tres puntos abajo–, al final del primer semestre de 2017, aunado a que los niveles de productividad laboral han mostrado avances sensibles; se ha impulsado la competitividad y se fortalecido la gobernanza
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Navarrete Prida indicó que en materia laboral, uno de los resultados más importantes y visibles derivados de estas reformas ha sido haber superado en la presente administración en 100 por ciento a los dos gobiernos previos en lo que se refiere a creación de empleos formales.
Al mismo tiempo, reconoció que los retos que persisten en el ámbito del trabajo deben superarse desde un enfoque integral y con la cooperación conjunta entre gobierno y representantes de empleadores y de trabajadores.