El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, acusó que el viernes 4 de enero el secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, intentó condicionar la entrega de 700 millones de pesos a cambio de frenar la investigación de un presunto desvío de recursos al PRI, pero su propia oficina de prensa lo desmintió más tarde y precisó que el encuentro ocurrió, en realidad, el pasado jueves.

En una conferencia de prensa, que dio por terminada de manera abrupta cuando respondía sobre las investigaciones del asesinato de Miroslava Breach Velducea, corresponsal de La Jornada, afirmó que Manlio Fabio Beltrones Rivera, ex dirigente nacional del tricolor, no es investigado por la Fiscalía General del estado.

Sostuvo que el único involucrado en el presunto desvío de 250 millones de pesos a las campañas del PRI es Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ex secretario general adjunto de ese partido.

Será el Ministerio Público, mediante las investigaciones que realiza a partir de sus actuaciones, el que amplíe el universo de responsables, si tiene elementos para hacerlo. No vamos a inventar ninguna responsabilidad a nadie. El trabajo ha sido riguroso, profesional, técnico, documentado, dijo.

–¿Hay indicios contra Beltrones? –se le preguntó.

–No puedo entrar a la discusión de la carpeta de investigación, porque no es mi tarea. La única participación que tengo como gobernador, en esta operación, es la confirmación al Ministerio Público de la voluntad política de llegar hasta las últimas consecuencias, tope donde tope.

Lo que sí sabemos es que el viernes se notificó por el juzgado cuarto de distrito en materia de amparo, que Beltrones Rivera tramitó un amparo, frente a una posible orden de aprehensión, para no ser citado en la investigación y tener acceso al expediente, indicó.

Corral Jurado convocó a los medios de comunicación para afirmar que Hacienda incumplió con la entrega de 700 millones de pesos, que le habrían permitido a Chihuahua enfrentar sus compromisos económicos de fin de año, y que el monto fue pactado en un convenio.

De forma inusual, el panista se hizo acompañar de un disímbolo grupo de políticos y artistas. En el salón de un hotel de la Zona Rosa fueron colocadas sillas para sentarlos, detrás de Corral Jurado, quien permaneció de pie.

Ahí, entre otros, estaban Santiago Creel, ex secretario de Gobernación con Vicente Fox; Jorge Castañeda, ex titular de Relaciones Exteriores; el ex gobernador de Baja California Ernesto Ruffo; el senador panista Juan Carlos Romero Hicks; los perredistas Guadalupe Acosta Naranjo, Fernando Belaunzarán, Miguel Alonso Raya, Agustín Basave y Luis Sánchez; el ex coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Alejandro Chanona; el ex consejero electoral Alfredo Figueroa; la comentarista Denisse Dresser, e incluso el ex fiscal de Delitos Electorales Santiago Nieto y el actor Daniel Giménez Cacho.

Aunque rechazó aportar datos concretos adicionales del encuentro, Corral Jurado sostuvo que, en una conversación en sus oficinas de Palacio Nacional, el viernes 4 de enero, González Anaya hizo referencia a la indagatoria de la fiscalía estatal.

Ahí nos fue informado que la investigación pone en entredicho el mecanismo de transferencia de recursos, razón por la cual han tomado la determinación de incumplir lo establecido en el convenio. Para nuestra sorpresa, quedó perfectamente claro en la exposición de González Anaya que el motivo por el que nos dejaron de depositar es el desarrollo de esta investigación, sostuvo.

Durante la conferencia de prensa nadie notó que el viernes fue 5 de enero y el propio Corral Jurado citó en varias ocasiones que la conversación con González Anaya fue ese día. No obstante, su oficina de prensa tuvo a bien corregirlo y envió un comunicado para precisar: el encuentro fue el jueves 4 de enero.

–¿Qué respuesta dio a González Anaya?

–Debo confesar que fuimos tomados por sorpresa, porque no es imaginable un planteamiento así, porque nos podrían haber dorado la píldora. Lo que llamó la atención fue la decisión de plantearlo directamente. Señalé que no vamos a intercambiar el conocimiento privilegiado de la investigación del Ministerio Público por recursos que nos pertenecen, y daríamos la batalla; lo hice responsable de esa decisión, que es un gran error.

Por ello, solicito al presidente Enrique Peña Nieto que rectifique, concluyó.