Acapulco, Gro.

El vocero de seguridad del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, afirmó que debido a la falta de una reglamentación clara, integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) se han coludido con grupos del narcotráfico.

El funcionario dijo en un comunicado que la Fiscalía General del Estado (FGE) ya investiga para que los miembros de la CRAC-PC detenidos paguen por los delitos cometidos y su responsabilidad en el conflicto.

El gobierno estatal informó que tras recibir el reporte de que un grupo de comunitarios había matado durante la madrugada del domingo a varias personas en la comunidad de La Concepción, entre ellos dos menores, ordenó una operación en la que participaron policías estatales, ministeriales, federales y elementos del Ejército.

Al incursionar en el poblado “hubo resistencia y negativa de los hermanos Vicente y Marco Antonio Suástegui –este último vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (Cecop)–, así como de un grupo de comunitarios para que se llevaran a cabo las diligencias de ley, por lo que se procedió al desarme”.

Agregó que se descubrió a civiles con armamento de uso exclusivo de las fuerzas armadas procedieron a desarmarlos, pero se negaron a entregarlo, por lo cual se desató un enfrentamiento en el que perecieron tres comunitarios.

Mientras, familiares de civiles, así como de policías comunitarios que murieron o fueron detenidos el domingo luego de dos enfrentamientos ocurridos en la comunidad La Concepción, en la zona rural del municipio, cumplieron ayer más de 24 horas frente a la coordinación regional de la FGE en Acapulco para exigir información sobre la situación jurídica de sus parientes.

Acusaron a las fuerzas de seguridad estatales de actuar con prepotencia durante la operación de desarme y las detenciones y denunciaron que la fiscalía negó información sobre la identidad de los aprehendidos y los sitios a los que fueron trasladados.

Los inconformes, entre ellos unas 25 mujeres, advirtieron que policías estatales y ministeriales irrumpieron el domingo en viviendas de La Concepción con el pretexto de que buscaban armas.

Reprocharon que agentes de la FGE no les permitieron dar de comer a sus familiares, no les informaron sobre su situación legal ni cuándo entregarían los cuerpos de los comunitarios que perecieron.

Explicaron que en algunos casos familias autorizaron que sus hijos detenidos fueran reducados por el sistema de justicia comunitario.

También fueron aprehendidas transeúntes y personas que se acercaron para averiguar qué ocurrió poco después de las tres de la madrugada del domingo, cuando perecieron ocho personas en una primera refriega.

Nicolasa Hernández, de la comunidad de San Isidro, narró que hace unas semanas autorizó que su hijo de 14 años fuera sometido al proceso de reducación del sistema comunitario para alejarlo del alcoholismo.

Lo ocupaban para trabajar. Él estaba bien ahí; era como una terapia. Cuando comenzó la balacera nos escondimos. Muchos policías se metieron a las casas a golpear porque estaban buscando armas. Se llevaron a muchos detenidos, agarraron parejo, relató.

Las mujeres permanecieron frente a la fiscalía, en la colonia Progreso, con cartulinas, platos de comida y carpetas a la mano. A las 15 horas pudieron entrar a pedir informes, en grupos de 10 personas.

Trascendió que al menos 25 varones permanecían detenidos en la fiscalía al cierre de esta edición. Este martes vence el plazo para que las autoridades definan la situación jurídica de los acusados.

En tanto, cuatro hombres fueron trasladados a la sede de la Procuraduría General de la República en Acapulco. Seis más, entre ellos Marco Suástegui Muñoz y su hermano Vicente, fueron trasladados al penal de Las Cruces la tarde del domingo.

En las dos refriegas ocurridas en La Concepción 11 personas murieron; cinco de ellas eran policías comunitarios. Autoridades de Guerrero señalaron que se detuvo a 38 individuos, entre ellos guardias de las comunidades. Se decomisaron 22 armas largas, cuatro cortas, 102 dosis de mariguana, 600 carrujos de mariguana y dos vehículos.