Integrantes del Partido Encuentro Social señalaron que interpusieron siete amparos contra la Ley para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, ya que, dijeron, violenta derechos de los damnificados por el sismo al no considerar estudios geológicos, geofísicos y de mecánica de suelo urbano, y además generará un proceso de gentrificación y un gran negocio para las empresas inmobiliarias.

En la muerte de los derechos humanos de los damnificados, representada con un ataúd y un cortejo fúnebre en avenida Universidad, señalaron que interpusieron los recursos contra dicha ley.

Además, exigieron a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal el documento donde avala su constitucionalidad, pues no se garantiza el derecho a una vivienda adecuada a los afectados de Tláhuac, Iztapalapa y Xochimilco, al estar sobre grietas, fracturas y hundimientos diferenciales.

Otorgar atribuciones a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda para definir dónde construir e incrementar niveles es anticonstitucional, pues corresponde a la Asamblea Legislativa, lo cual se reflejará en una mayor gentrificación (expulsión de habitantes originarios), principalmente en zonas de alta plusvalía, con lo que se avecina un gran negocio para las inmobiliarias, consideraron.