Personal de un hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) en Ensenada, Baja California, brindó atención médica inadecuada a una mujer embarazada de origen mixteco, lo cual provocó el fallecimiento del niño. Aunado a ello, y pese a las evidencias contra los responsables, agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) no cumplieron con una correcta diligencia para el esclarecimiento de los hechos.

Por ello, la Comisión Nacional de lo Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida al director general del Issste, José Reyes Baeza; y al subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, en suplencia del titular de la PGR, Alberto Elías Beltrán.

Al documentar el caso, la CNDH encontró que la derechohabiente acudió a la Unidad de Medicina Familiar Número 3, en San Quintín, Baja California; los médicos la valoraron y ordenaron llevarla a otro hospital en Ensenada. Durante el traslado en la ambulancia se intensificaron sus dolores, presentó sangrado y expulsión de heces fecales. Al solicitar apoyo para asearse, el personal de enfermería que la acompañaba, sólo le proporcionó una bata y dio a luz sin que hubiera condiciones óptimas para el alumbramiento.

Le negaron la ambulancia

Al día siguiente fue dada de alta y cuando pidió una ambulancia para su regreso a su población le dijeron que no había unidades disponibles y que no la requería, pues no se le realizó ninguna cirugía. Un día después la madre se percató de que el niño presentaba sangrado en boca y genitales y acudió a la Unidad Médica en San Quintín, donde le informaron que el bebé no presentaba ritmo cardiaco.

Tras su investigación, la CNDH acreditó que el enfermero que acompañó a la agraviada en la ambulancia incurrió en violencia obstétrica, ya que no le realizó aseo de la región perineal y en la cara interna de los muslos para que el producto no se contaminara con las heces fecales de la madre, lo cual originó que el recién nacido desarrollara un proceso infeccioso denominado sepsis neonatal temprana, que derivó en su fallecimiento.

Además, el personal médico no atendió adecuadamente al bebé, a pesar de haberlo reportado como producto de un parto fortuito y potencialmente infectado, se limitó a solicitar exámenes de laboratorio y darlo de alta sin tener los resultados de los estudios, y omitió prescribir los medicamentos adecuados para combatir la infección, por lo cual incurrió en negligencia médica y violación al interés superior de la niñez.

Por otra parte, las autoridades ministeriales no investigaron la totalidad de los hechos denunciados por la agraviada, ni obtuvieron los dictámenes médicos indispensables para la integración del expediente, lo cual vulnera el derecho a la adecuada procuración de justicia.