l Instituto Nacional Electoral investiga cómo y por qué las administraciones municipales de Tijuana, Tecate y Ensenada entregaron al Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Baja California 9.7 millones de pesos durante 2015 y tres meses de 2016, por supuestas aportaciones de los trabajadores. En el proceso abierto de oficio por la autoridad electoral están involucrados los ex alcaldes Jorge Astiazarán Orcí, de Tijuana; Gilberto Hirata, de Ensenada, y César Moreno, de Tecate, así como los ex dirigentes Nancy Sánchéz y Chris López.

Los ex alcaldes no sabían –según ha dicho Chris López, ahijado de Manlio Fabio Beltrones– que estaba prohibido que los ayuntamientos (en este caso priístas, pues la gubernatura está en manos del Partido Acción Nacional, así como los municipios de Mexicali y Rosarito) aplicaran descuentos en la nómina a sus funcionarios para hacerlos llegar al tricolor, como se estilaba antaño.

El asunto está por resolverse, pero si nos atenemos al principio de que a confesión de parte, relevo de pruebas, el PRI recibirá una buena multa por culpa de López y compañía. En un comentario para el semanario Zeta, dijo que los funcionarios priístas que trabajan en la administración pública firmaron un documento en el que cedían un porcentaje para aportaciones, aceptaban las retenciones vía nómina, la Secretaría de Finanzas las concentraba y las entregaba directamente.

En medio de tanto escándalo de corrupción, con la lluvia de miles de millones de pesos del erario que fueron a parar a los bolsillos de Javier Duarte o de Guillermo Padrés (ya no digamos los más de 250 millones de pesos que los ciudadanos de Chihuahua aportaron a las campañas del PRI en la época del otro Duarte y Beltrones), los 9.7 millones de pesos entregados al PRI llaman más la atención por el grado de descuido de sus dirigentes en el estado. Eso quizás explica por qué no se ha dado la alternancia en Baja California desde que llegó Acción Nacional, hace 29 años.