En materia de defensa de las garantías de la niñez, 2017 se caracterizó por una dinámica de silencios, vacíos y retrocesos del gobierno, que dejó a este sector de la población en un estado de vulnerabilidad aun mayor del que ya tenía, advirtió la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

Al formular un balance del año pasado, el director ejecutivo de la organización, Juan Martín Pérez García, señaló que la falta de políticas públicas adecuadas en este terreno tendrá impactos negativos en la vida de los 39.9 millones de niños, niñas y adolescentes que viven en el país.

El especialista destacó que a pesar de avances legales importantes, como la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 y la promulgación de la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en 2014, las autoridades mexicanas siguen prestando nulo interés y compromiso en el tema.

Una muestra de ello es la falta de pronunciamientos públicos del presidente Enrique Peña Nieto sobre los temas que afectan a los niños, así como de acciones para investigar y sancionar a los responsables de diversos casos emblemáticos que permanecen en la impunidad.

Al exponer algunos datos ilustrativos de este fenómeno, Mónica Yerena, Alicia Vargas y Rafael Castelán, también integrantes de la Redim, subrayaron que 51.1 por ciento de los menores de edad en México (20.7 millones) se encuentran en situación de pobreza. De esa cifra, 9 por ciento están en pobreza extrema.

De igual forma resaltaron que sólo de 2007 a 2016 se documentaron 11 mil 749 homicidios de niños y adolescentes, a un ritmo de tres diarios en lo que va de la presente administración.

Los expertos alertaron que 70 por ciento de todas las desapariciones de menores de edad han ocurrido en el gobierno de Peña Nieto, la mayoría de ellas en los estados de México, Puebla Tamaulipas y Nuevo León. Al desagregar los datos por sexo, el estado de México y Colima son las entidades con mayor prevalencia de desapariciones de niñas y mujeres adolescentes, con 15 por cada 100 mil personas de dicho grupo poblacional.

En lo que se refiere a impartición de justicia, la Redim subrayó que sólo 3 por ciento de las agresiones contra menores de edad terminan en sentencia condenatoria, es decir, con impunidad de 97 por ciento. Las niñas y adolescentes, además, son víctimas en mayor medida de delitos contra la libertad y seguridad sexual, con 30 por ciento del total de los casos.

Hay una lógica sistemática de silencio y de vacíos institucionales, donde falta voluntad política para concretar la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, pero también acciones intencionadas que colocan a más de 20 millones de niños y niñas en condiciones de exclusión estructural, lamentó la Redim.