Al tomar protesta el primero de diciembre de 2012 el presidente Enrique Peña Nieto anunció el lanzamiento de la Cruzada Nacional contra el Hambre como una prioridad. Cinco años después desapareció. Pero en el ínter, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó que, derivado de las acciones de esa estrategia, en 2013 y 2014 hubo daño al erario por casi 2 mil millones de pesos y entre sus primeras fallas ni siquiera definía el concepto de hambre, reportó por su parte el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

La primera titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en este sexenio, desde la cual se impulsó la estrategia, fue Rosario Robles. Y desde los meses iniciales de la Cruzada Nacional contra el Hambre, cuyo decreto fue emitido en enero de 2013, hubo escándalos a su alrededor. Se conoció que en Veracruz operadores de programas sociales pretendían utilizar los apoyos para favorecer ese año a los candidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), lo cual devino en cuestionamientos a Robles y llevó a Peña Nieto a decirle: no te preocupes, Rosario.

También, durante los dos primeros años de la administración de la Sedesol, con Robles al frente, se ocasionaron los probables daños al erario por casi 2 mil millones de pesos reportados por la ASF. En el análisis de la cuenta pública 2013, la auditoría reportó que en 845 millones de pesos había inconsistencias en cuanto a padrones de beneficiarios, número de municipios involucrados y coordinación con programas que confluyen en los objetivos de la cruzada contra el hambre.

La Sedesol realizó en 2013 convenios con las universidades autónomas del Estado de México (UAEM) y de Morelos, que recibieron contratos por 857 millones de pesos, en los cuales se detectaron anomalías por 845 millones de pesos. De esos recursos se destinaron 396 millones 838 mil pesos, que serían utilizados por la cruzada, para comprar 31 millones de artículos como paliacates, tortilleros, playeras, globos, vasos y gorras. Las empresas a las que presuntamente fueron adquiridos no existían, señaló la ASF.

Un segundo paquete de observaciones fue por 239.3 millones de pesos, referente a un contrato con la Universidad de Morelos, relacionado con una estrategia de información para difundir programas sociales.

En 2014 se encontró que la institución ocasionó un probable daño al erario cuando volvió a realizar contratos con esas universidades por alrededor de mil millones de pesos, además de que casi la mitad de esos recursos fueron pagos a pensiones que rebasaron el monto establecido en las reglas de operación del programa, señaló el análisis de la cuenta pública.

El Coneval evaluó a la cruzada de 2013 a 2015 y encontró que entre sus contribuciones está la coordinación entre programas, dependencias y ámbitos del gobierno. Los retos que entonces tenía la cruzada era su aplicación en zonas urbanas, estaba poco institucionalizada y dependía de las relaciones personales entre funcionarios y acuerdos informales.

En 2016 José Antonio Meade, al frente de la Sedesol, impulsó la Estrategia Nacional de Inclusión, que integra a las dependencias que tienen que ver con el cumplimiento de las carencias sociales (educación, salud, alimentación, seguridad social, acceso a servicios en la vivienda y calidad de espacios en la vivienda) las cuales utiliza el Coneval para la medición de la pobreza. La cruzada, para entonces, ya había salido del discurso.