La Ley de Seguridad Interior es el último eslabón en la construcción de un Estado policiaco militar subordinado a Estados Unidos, advierte el coordinador del PT-Morena, Manuel Bartlett.

En entrevista, expuso que el presidente Enrique Peña Nieto puso tanto empeño en que se aprobará esa legislación, que faculta a las fuerzas armadas para intervenir en el combate al crimen organizado por las presiones del vecino país del norte que desde hace décadas está interesado en imponer su doctrina de seguridad nacional.

En ese sentido, explicó que la actual legislatura aprobó otras reformas que avanzan a la militarización del país. En junio del año pasado, las modificaciones que dejan todos los puertos del país bajo el control de la Marina y las modificaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, de noviembre de 2015, que permiten la presencia de agentes de migración y aduanas armados dentro de territorio nacional.

Asimismo, agregó, las reformas al Código de Justicia Militar y la aprobación del Código Militar de Procedimientos Penales, de mayo de 2016, que confirieron un poder desmedido al secretario de la Defensa para nombrar jueces, magistrados, procuradores y peritos en justicia castrenses.

Esa modificación permite a los tribunales militares realizar diligencias respecto de personas y bienes de civiles, entre ellos cateos, intervención de telecomunicaciones y presentación de testigos.

El ex secretario de Gobernación explicó que después de los atentados a las Torres Gemelas, en Nueva York, el 11 de septiembre de 2001, comenzó a construirse el Estado policiaco militar en México. Se dio la integración de facto al Comando Norte, ese mismo año y cuatro después se firmó la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN).

Este acuerdo, suscrito en marzo de 2005 por México, Estados Unidos y Canadá, incluyó políticas para la integración en materia de seguridad. En 2008 Felipe Calderón acuerda la Iniciativa Mérida que implica formalmente a las fuerzas armadas en tareas policiacas para combatir la inseguridad.

Se llevan a cabo cambios legislativos para incorporar en el derecho mexicano el concepto de seguridad nacional. El término de seguridad interior se exporta del Homeland Security estadunidense, donde las amenazas al país ya no son externas, sino están dentro y son crimen organizado, terrorismo, guerra contra las drogas.

El senador Bartlett recalcó que el Estado policiaco militar que Estados Unidos impulsa de acuerdo con documentos académicos y políticos de Washington, consiste en otorgar a las fuerzas armadas el control de sus respectivas sociedades para garantizar la protección de los intereses continentales, sus inversiones y sus empresas trasnacionales.

Hizo notar que la reforma constitucional en materia energética, de diciembre de 2013, garantiza a las trasnacionales la ocupación temporal y la expropiación incluso de predios para que puedan realizar explotaciones petroleras.

Una ley secundaria de esa reforma energética, agregó, estableció un régimen penal especial en materia de hidrocarburos que criminaliza la protesta social con las categorías de terrorismo y sabotaje.

Los costos de la militarización han sido muy altos para el país, tanto en la afectación de derechos humanos, con miles de muertos, desaparecidos y desplazados y con un aumento enorme en gasto militar en detrimento de los presupuestos para educación y salud, insistió. Pero pese a ello, dijo, se aprobó la Ley de Seguridad Interior.