Un juez de control federal vinculó a proceso al ex gobernador de Quintana Roo, denominado Roberto N, por el delito federal de operaciones con recursos de procedencia ilícita y dictó prisión preventiva justificada en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi) de Ayala, Morelos, considerado el penal con mejor calificación del país, al que fue trasladado ayer.

Tras 18 horas de haber sido extraditado al país proveniente de Panamá, y luego de una maratónica audiencia inicial de 14 horas que se realizó en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en Nezahualcóyotl, el juez dictó la medida por considerar que hay elementos que apuntan a la comisión de este delito en su modalidad de ocultar o pretender ocultar bienes de territorio mexicano con conocimiento de que éstos proceden de una actividad ilícita.

El traslado del ex mandatario quintanarroense a Morelos se dio entre confusiones de las autoridades federales. En lugar de ir al Ceferepsi, por error fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Femenil 16, donde rechazaron su ingreso.

Fuentes policiacas aseguraron que el ex gobernador, con la caravana de policías que lo trasladó, estuvo alrededor de una hora en el Cefereso femenil –al cual fue trasladado por un error de dedo, según fuentes de la Procuraduría General de la República–, ubicado en el municipio de Coatlán del Río, y después fue llevado al Ceferepsi, situado en el municipio de Ayala, aunque esta versión aún no está confirmada.

Antes, en el contexto de la diligencia celebrada en Nezahualcóyotl, el juez de control Artemio Zúñiga recalcó que el ex gobernador de Quintana Roo fue presentado ante dicha instancia como una persona libre por gozar de un amparo.

No obstante, al exponer los 86 datos de prueba de 30 tomos sobre las irregularidades en la adquisición, enajenación y venta de bienes, los fiscales argumentaron que el acusado ideó, actuó, estructuró y ejecutó un plan en coautoría con familiares –entre ellos su madre– y su círculo cercano de amigos para adquirir y vender 22 predios que eran propiedad estatal.

Luego de un sexto receso, el juez federal dictó la resolución al argumentar que había elementos suficientes para dictaminar la prisión preventiva justificada, y que notificaría al Instituto Nacional Electoral (INE) para retirarle sus derechos políticos. Roberto N rechazó ampliar el periodo de diligencia y pidió que se emitiera lo antes posible la medida.

Los fiscales también solicitaron al juez un plazo de seis meses para el periodo de investigación complementaria, el cual se les otorgó. Asimismo, Zúñiga fijó la próxima audiencia para el 5 de julio de este año.

Las acciones que se le atribuyen al ex mandatario generaron un quebranto al estado por 900 millones 99 mil 418.17 pesos, por lo que consideraron procedente la medida cautelar. Los predios están localizados en Tulum, Benito Juárez e Islas Mujeres, entre otros municipios, y para su compra, durante su administración, usó testaferros y empresas fachadas.

En la sede del Poder Judicial en Nezahualcóyotl, Roberto N lució un semblante serio, en ocasiones casi inexpresivo, desde su llegada hasta las primeras horas de ayer, cuando concluyó la diligencia. Se veía delgado y portó en el cuello un rosario de color negro.

Mientras tanto, se espera que diputados locales de Quintana Roo presenten en los próximos días una nueva denuncia en contra Roberto N por el desvío de mil millones de pesos que se solicitaron en préstamo para obra pública productiva en 2015, pero no se aplicaron para tal fin, informó el diputado Emiliano Ramos.

Tras anticipar que hay otras denuncias más en proceso de integración, el legislador indicó en entrevista que hay elementos para presumir que el ex gobernador intentaría fugarse nuevamente, como ocurrió cuando lo detuvieron en el aeropuerto de Panamá, donde estaba por tomar un vuelo para escapar a Francia, por lo que recomendó que enfrente el proceso penal en prisión.

Ramos Hernández afirmó que hay pruebas suficientes para que Roberto N permanezca en la cárcel, ya que además de los 900 millones de pesos por los que es acusado, existen 27 denuncias interpuestas por la 15 Legislatura, en las que además se vincula a 84 ex funcionarios de las secretarías de Salud, Desarrollo Rural y Desarrollo Social (Sedesol), así como de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, entre otras dependencias.

El titular de la Fiscalía General del Estado, Miguel Ángel Pech, informó que el personal de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que se encontraba en el centro del país, se trasladará a Morelos, donde solicitará oficios de colaboración para cumplimentar las órdenes de aprehensión en contra del ex mandatario estatal.

Explicó que son tres las carpetas administrativas que existen en su contra por el delito de peculado, enriquecimiento ilícito y desempeño irregular de la función pública, y en cada una de ellas se tendrán que cumplir los mandamientos judiciales.