Pese a tener un marco institucional y jurídico maduro y bien desarrollado, el lavado de dinero en México no es investigado ni perseguido penalmente de manera proactiva y sistemática, sino de manera reactiva, señala un reporte del Grupo de Acción Financiera (Gafi). El organismo advirtió que el país afronta riesgo significativo de que se incrementen las operaciones de lavado de dinero provenientes de actividades asociadas con la delincuencia organizada, como tráfico de drogas, extorsión, corrupción y evasión fiscal. De acuerdo con el informe Medidas antilavado y contra la financiación del terrorismo, elaborado por el Fondo Monetario Internacional con base en los lineamientos del Gafi, la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la Procuraduría General de la República aseguró aproximadamente 525 millones 882 mil pesos entre 2014 y 2016.