Sergio Luna ha esperado año y medio para que la Procuraduría General de la República (PGR) admita una denuncia formal por el asesinato de su hijo Óscar, el 19 de junio de 2016 en Nochixtlán, Oaxaca: Estamos buscando justicia; la reparación es secundaria, pero este gobierno corrupto en lugar de ofrecernos justicia, nos reprime, incrimina y persigue para que cejemos en el reclamo, pero hasta el momento no lo ha logrado, aunque estamos conscientes del riesgo que corremos, pero no nos intimida.

Hace dos semanas denunció el intento de secuestro de su otro hijo, quien también sufre la persecución: “Mi hijo fue testigo de la ejecución de su hermano y lo querían levantar a media cuadra de nuestra casa, como a las ocho de la noche. Los hombres viajaban en una camioneta tipo Suburban negra con vidrios totalmente polarizados y sin placas. Es el hostigamiento que estamos viviendo, las amenazas de muerte no cesan por parte del gobierno, pero eso no nos detiene y seguimos de pie hasta lograr el objetivo que es la justicia”, dice en entrevista con La Jornada.

El crimen contra su hijo Óscar es uno de los primeros tres casos que la PGR admite en su primera diligencia sobre los hechos violentos ocurridos durante el operativo de desalojo que hicieron la Policía Federal, la policía de Oaxaca y la Gendarmería contra un bloqueo carretero de personas que apoyaban la protesta de los maestros de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

Más casos

Junto al caso de Óscar, hijo de Sergio Luna, también presentaron las denuncias el pasado 27 de diciembre familiares de otros dos jóvenes de los ocho que resultaron muertos el 19 de junio de 2016: Rutila Santiago, madre de Óscar Nicolás Santiago, y los padres de Yalid Jiménez.

A petición de ellos, la diligencia se realizó fuera de las instalaciones de la PGR, en las oficinas de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, dada la desconfianza que tienen hacia las instituciones del gobierno.

Un día después se vivieron momentos de violencia, luego de que policías municipales atacaron a un grupo de víctimas que bloqueaba la carretera 135-D, en protesta por la impunidad en lo que consideran un crimen de Estado sin resolver. El saldo de este nuevo episodio fue de cinco lesionados, uno de ellos de gravedad, internado en el hospital regional.

Para Santiago Ambrosio Hernández, presidente del Comité de Víctimas por la Justicia y la Verdad 19 de Junio Nochixtlán (Covic), este es sólo uno de los incidentes de agresión, amenaza y hostigamiento que, dice, están viviendo diariamente: La provocación es directa hacia las víctimas, eso nos preocupa mucho porque puede desencadenar una enorme tragedia en Nochixtlán, dice en entrevista con La Jornada.

Ataques

El presidente del Covic denuncia una campaña de hostigamiento y agresiones contra las víctimas, y responsabiliza directamente al alcalde, Rubén Alcides Miguel, del Partido Social Demócrata: Hacemos responsable al presidente municipal actual y al diputado priísta Herminio Cuevas Chávez, ex edil, de todas las agresiones y de nuestra integridad física.

Añade: “El alcalde Rubén Alcides es apadrinado por el diputado Herminio Cuevas y Daniel Cuevas; los tres están en el proceso de la investigación por los hechos ocurridos el 19 de junio de 2016.

Herminio prestó su rancho desde el 17 de junio para que la Policía Federal se acuartelara ahí y desde donde salieron el 19. Tenemos testigos. Su hermano era alcalde y encontraron armas y municiones en la presidencia municipal. Ellos están implicados y por tanto buscan cómo intimidar para que nosotros nos retiremos del proceso; quieren amedrentar a las víctimas para que no salgan a declarar.

Debido a esta nueva agresión, el Covic presentó una denuncia contra el edil y su cabildo. Comentó que han hablado con el gobernador de Oaxaca, el priísta Alejandro Murat Hinojosa, para informarle de la situación de hostigamiento y de las agresiones cotidianas que están viviendo, y para advertirle sobre la posibilidad de que suceda una nueva tragedia.

Si no le ponen atención a este asunto, simple y sencillamente va a ver una tragedia enorme, porque el asunto es entre municipio, cabildo, sus trabajadores y aliados, todos contra el pueblo.

Indicó que el gobernador Murat Hinojosa sólo les ha externado buenas intenciones que no se han hecho realidad: Nos dijo en junio pasado que para la atención a la salud de las más de 80 personas que resultaron heridas no iba a ver problema, pero los medicamentos llegaron tres meses después, argumentando que eran muy caros. Una caja cuesta mil 300 pesos y sólo alcanza para una semana, pero es medicina recetada por los propios médicos. Si al estado se le hace caro, imagínese a los compañeros, que además han dejado de trabajar porque no pueden.

Sobre el incidente de agresión que sufrieron el 28 de diciembre, comentó que eran las 10 de la mañana cuando Julio Gerardo, una víctima del 19 de junio de 2016 por herida de bala en el tobillo, fue detenido en el retén instalado por la policía municipal a la altura del paraje El Azulejo, y fue presuntamente golpeado por los agentes locales.

Como respuesta a esta agresión, el Covic decidió bloquear durante seis horas la carretera, pero la llegada de taxistas con armas, palos y tubos, encabezados presuntamente por el edil Alcides Miguel y por el fiscal, elevó la tensión: La policía sacó armas, pero no disparó. Si lo hubiera hecho, Nochixtlán se habría encendido otra vez, hubiera habido algo muy grave. Nosotros no lo queremos, pero si no hay atención adecuada, van a pasar cosas que vamos a estar lamentando, indicó.

21 tomos de expediente

Como parte de la diligencia, la PGR entregó por primera vez al Covic 21 tomos del expediente judicial sobre Nochixtlán: No teníamos acceso a las carpetas. Son 21 tomos de investigación y estamos viendo qué tanto está investigando la PGR sobre los hechos ocurridos, dice Santiago Ambrosio Hernández.

Añade: “Sabemos que el Estado no se puede enjuiciar a sí mismo, y tenemos bien claro lo que vamos a encontrar en esos 21 tomos. Hallaremos las declaraciones de los policías, quienes sostienen que hubo particulares con armas, pero esto no es cierto, de las víctimas –que estamos agrupadas ahora– ninguna usó arma, y en cambio hubo civiles con arma, fueron los que ellos mismos infiltraron como policías vestidos de civil. Lo de Nochixtlán no fue un enfrentamiento, fue un crimen de Estado”.

Criticó la tardanza de año y medio en el avance de las investigaciones y dijo que es a consecuencia de los obstáculos de las propias instituciones: La propia PGR no nos ha permitido avanzar, porque no querían que las diligencias se desarrollaran fuera de sus oficinas. Ahora han comprendido que las víctimas no pueden ir ahí porque no han tenido contención sicológica por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Añade: Estamos exigiendo tres principios: que sea una investigación de la PGR apegada a derechos humanos, que sea técnica y jurídica, pero también científica, por las evidencias y además por peritos especialistas.

Explicó que están en contra de la recomendación 7VG/2017 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre los hechos ocurridos el 19 de junio de 2016: La ley permite que se puedan hacer ampliaciones en las cuestiones que no contempló la comisión. Ellos no contemplan el homicidio, las torturas ni a los niños desplazados, por eso queremos una ampliación, porque no consideraron los testimonios de las víctimas directas, ellos se van por los testimonios de la policía estatal y la Gendarmería.

Añade: La CNDH no tomó en consideración que sean requeridos los que estuvieron ese 19 de junio en la mesa de coordinación; sólo habla de que hubo una mesa que estuvo muy mal planteada, pero no dice quiénes son los responsables. Queremos que estén los nombres de ellos. Como ejemplo, no aparece el entonces gobernador Gabino Cué, ni el encargado de la seguridad federal ni la estatal. Y deben ser llamados a declarar ante la PGR.

Sin reparación

La foto de Óscar Luna muestra a un joven de 23 años sonriendo. Su madre la ha colocado en el salón de su casa abajo de una bandera de México. Está sonriente y se le recuerda como un buen hijo y un excelente padre; deja a una niña de tres años que se parece mucho a él y que lo extraña cada día, como toda su familia.

Sergio, su padre, tiene la esperanza de hacer justicia, a pesar del tortuoso camino que han vivido el último año y medio: “No hemos recibido ninguna reparación ni justicia. Su mamá esta delicada de salud a consecuencia de todo esto, y acaba de ser intervenida quirúrgicamente.

Emocionalmente es muy difícil, es un hueco que queda y que no se supera con nada. Desafortunadamente es muy triste. Lo único que nos mantiene en pie es hacer justicia. Cada vez que nos atacan nos fortalecemos más, concluyó.